La fiscalía del Tribunal Supremo apoyó ayer la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que lo juzgarán por investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo. Con esta decisión, el ministerio público quiere evitar cualquier "sombra de sospecha" de que el togado de la Audiencia Nacional no tendrá un juicio justo y una condena del Tribunal de Estrasburgo por falta de imparcialidad.
El letrado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, recusó a los magistrados al entender que estaban contaminados por haber tomado decisiones trascendentes durante la instrucción que dirigió el juez Luciano Varela y por considerar que tienen un interés indirecto en este caso.
La fiscalía apoya el primer argumento y rechaza el segundo. Y subraya que las decisiones de los jueces recusados al haber "admitido a trámite la querella contra Garzón, respaldando sin fisuras la labor del instructor, rechazando todos los recursos planteados" por el juez y "las insistentes y muy fundadas solicitudes de sobreseimiento instadas por el ministerio fiscal" pueden "empañar" su imparcialidad.
La fiscalía realiza un examen detallado de las decisiones tomadas en el proceso por los magistrados Juan Saavedra (presidente de la Sala Penal), Adolfo Prego (ponente), Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, y afirma que cuando el alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias realizó "una valoración muy profunda" de los hechos denunciados y que adoptó "un papel de acentuado protagonismo" cuando se opuso a la personación de las asociaciones de víctimas del franquismo.
PRECEDENTE Por el contrario, el ministerio público rechaza que los jueces tengan un interés indirecto en esta causa. Más bien al contrario, pues incluso califica de "irreprochable" su actuación procesal.
Cabe destacar que la fiscalía no suele apoyar las recusaciones de jueces. Pero quiere evitar una nueva condena a España del Tribunal de Estrasburgo, que ya sancionó a la justicia española porque dos de los tres magistrados que procesaron al exjuez Javier Gómez de Liaño habían participado en la instrucción de la causa en la que fue condenado por prevaricación en el marco del caso Sogecable .
La recusación deberá ahora ser resuelta, previsiblemente, por la Sala del Artículo 61 del Supremo, que preside Carlos Dívar, aunque no se descarta que la Sala Penal nombre a un juez ad hoc para rechazarla de plano. En el caso de que sea admitida, los cinco jueces recusados serán sustituidos.
