A punto de terminar el juicio del procés, las posiciones siguen en el mismo lugar que cuando empezaron las sesiones en febrero. La fiscalía ve rebelión y solicita la mayor pena, 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, mientras que la Abogacía del Estado ve sedición y pide para él 12 años. Lo que sí hace el ministerio público es «completar y enriquecer» su relato de la «situación insurreccional» que entiende se vivió en Cataluña en el otoño del 2017 con algunos testimonios prestados en el juicio, como el del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero o el comisario Ferran López, al que otorga total credibilidad cuando dijo que el expresident Carles Puigdemont llegó a anunciar la independencia si el 1-O había violencia.
El fin de la prueba documental, con los vídeos de la defensa, en los que se vieron las actuaciones más polémicas de la policía el 1-O (investigados en juzgados catalanes), supuso acabar con la incertidumbre sobre qué posición adoptarían el ministerio público y el Gobierno.
La redacción de la fiscalía incluye que fue la ANC la que provocó un cambio en la hoja de ruta y que el referéndum se adelantara a septiembre del 2017, según lo declarado en el juicio por los entonces mandos de la Prefectura de Mossos, Trapero y los comisarios López, Juan Carlos Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví, a partir de las reuniones con el Govern de septiembre del 2017. Según el comisario al frente del cuerpo con el 155, «el procesado rebelde manifestó a los presentes que si el 1-O había violencia, declararía la independencia».
La cúpula policial había sido explícita al advertir a Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn que «era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse» los dos millones de personas convocadas «con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum, de modo que la seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación».
El ministerio público también ha incluido una salvedad nada baladí. Se trata del párrafo del artículo 36.2 del Código Penal que establece que «cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal, podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta».
PETICIÓN DE PENAS / En este caso, la pena más baja de las solicitadas por la fiscalía y la Abogacía del Estado es de siete años de cárcel por malversación y desobediencia para los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Este último, que dimitió el día antes de la DUI, es el único que ha convencido a la acusación popular que ejerce Vox, porque le ha retirado la acusación por malversación y organización criminal y la reduce a desobediencia.
Para los exmiembros del Govern de Puigdemont, a los que se acusa de rebelión y malversación, Turull, Romeva, Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, la fiscalía pide 16 años de cárcel. Para Forcadell pide 10 años por sedición, y ocho para Sànchez y Cuixart.
