Vuelve la polémica sobre el futuro de los ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que ha informado a favor de una reforma legal para disolver estos consistorios después de la ilegalización de ANV, acordada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que esta reforma no tendría "carácter retroactivo".
Conde-Pumpido compareció en el Senado para explicar su política antiterrorista y adelantó que la fiscalía se ha dirigido al Gobierno para sugerirle "una posible y sencilla solución legislativa" para echar a ANV de los ayuntamientos que se constituyeron antes de que el partido fuera ilegalizado.
La fiscalía propone que se incluya una causa de disolución en el artículo 61 de la ley de bases de régimen local que permita esta disolución en "aquellos ayuntamientos gobernados por una mayoría de concejales que pertenezcan o hayan sido elegidos en una lista electoral que haya sido ilegalizada posteriormente". El ministerio público no apoya que se retiren las actas de concejales a los afectados y se inclina porque el Gobierno, después de decretar la disolución, nombre a una comisión gestora o convoque elecciones.
Por otra parte, Conde-Pumpido pidió ayer disculpas a la Policía por los comentarios que hizo la pasada semana, en los que relató que había tenido un problema con este cuerpo cuando redactó la demanda de impugnación de las listas de ANV.
