La fiscalía general del Estado, que preside Cándido Conde-Pumpido, defendió ayer la relación que mantiene con la embajada de Estados Unidos y negó que haya recibido presiones para cerrar los procesos abiertos en la Audiencia Nacional que afectan a funcionarios de este país. Además, aseguró, a través de un comunicado, que nunca ha admitido "injerencia externa" en sus posiciones jurídicas.
El diario El País publicó ayer una serie de cables sobre los contactos mantenidos por la representación diplomática de EEUU con Conde-Pumpido; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza (que ayer estaba en Washington); y con el fiscal de esta sede judicial Vicente González Mota, que han sido filtrados por Wikileaks. En estos cables los fiscales facilitan datos sobre el caso Couso, el de los vuelos de la CIA y las torturas en Guantánamo. Insinúa el citado diario que de los cables se desprende la cesión de los fiscales a algunas de las presiones.
Fuentes fiscales explicaron ayer que los diplomáticos de EEUU se interesan por estos asuntos porque en ellos están imputados funcionarios públicos norteamericanos.
LOS ARGUMENTOS Los diplomáticos estadounidenses pidieron, según estas fuentes, información a la fiscalía, que les comunicó la posición jurídica que habían adoptado en cada caso con "absoluta autonomía". Fuentes fiscales subrayaron ayer que en el caso Couso, que investiga el fallecimiento del cámara de Tele 5 José Couso en Irak en el 2003, siempre han mantenido la misma posición, a saber, que los hechos no son competencia de la Audiencia porque su muerte no fue un acto de guerra.
En relación a las dos querellas presentadas por las atrocidades cometidas en Guantánamo, la fiscalía sostiene que España tampoco es competente para investigar. Y admite como lógico que Zaragoza explicara a altos cargos de la embajada que haría todo lo posible para evitar que el juez Baltasar Garzón asumiera estas demandas. El juez de la Audiencia Nacional cedió la querella presentada contra seis excolaboradores del expresidente George Bush al decanato, que la remitió al juez Eloy Velasco. Y admitió la demanda presentada por cuatro presos internados en Guantánamo en abril del 2009, un mes antes de ser imputado por prevaricación en el Supremo.
EL INTERCAMBIO La fiscalía también recordó que en el caso de los vuelos de la CIA ha pedido la detención de 13 militares estadounidenses y que apoyó la desclasificación de papeles del CNI sobre este asunto.
Estas explicaciones no convencieron ayer a algunos jueces de la Audiencia, que expresaron su "alarma" por los contactos de los fiscales con diplomáticos de EEUU. Y recordaron que la fiscalía siempre ha estado en contra de la jurisdicción universal incluso cuando se persiguió al exdictador Augusto Pinochet.
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