El juicio del 11-M entró ayer en su recta final con la lectura de las penas definitivas que piden para los procesados la fiscalía y las acusaciones particulares. El ministerio público elevó el total de las condenas de 270.000 a 311.865 años de prisión. Esta diferencia obedece en parte a un aumento en el número oficial de heridos --de 1.824 a 1.841--, pero también a modificaciones respecto al papel de los procesados en la masacre.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo se mantuvieron hasta el final fieles a la teoría de la conspiración y, en sus escritos de calificación, sembraron dudas sobre la autoría de la masacre. Pese a coincidir con el resto de las acusaciones en mantener los cargos contra los principales imputados árabes, la AVT no tuvo reparos en afirmar que "no queda acreditado" que el 11-M ocurriera por el "designio de ninguna organización terrorista". Por el contrario, añadió, "se ha demostrado que "gran parte de los imputados colaboraban con agentes de las fuerzas policiales". La otra asociación mantuvo su teoría "de la cuarta trama", que "estaría formada por miembros de ETA".
Las acusaciones reiteraron sus cargos contra tres presuntos ideólogos --Rabei Osman, el Egipcio ; Hassan el Haski; y Yusef Belhadj-- y dos de los supuestos autores materiales --Jamal Zugam y Abdelmajid Buchar--. La fiscalía, sin embargo, retiró de este grupo a Basel Ghalyun, a quien ahora solo culpa de pertenencia a organización terrorista, con una pena de 12 años. Además retiró las acusaciones contra Brahim Mussaten y Javier González, el Dinamita .
Por contra, elevó drásticamente la petición de condena a Rafá Zuhier y Otman el Gnaui. Al primero le reclama 38.958 años de cárcel, frente a los 20 iniciales, por considerarlo cooperador necesario en la matanza. Al segundo le elevó la petición de 24 a más de 38.000, por haber actuado de "lanzadera" para el suministro de los explosivos. La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, coincidió con la fiscalía en aumentar la pena a Zuhier, a quien sumó como colaboradores necesarios a los hermanos Antonio y Carmen Toro. Ambas partes dan por hecho que el explosivo usado el 11-M fue una mezcla de goma-2 Eco y goma-2 Ec.
EXCULPADO El único procesado que respiró con alivio fue Brahim Mussaten, sobrino de Yusef Belhadj, a quien todas las partes retiraron la acusación de colaboración con organización terrorista. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, lo puso ayer mismo en libertad. En el habitáculo blindado, los procesados siguieron en silencio sepulcral la lectura de los escritos.
Después de más de tres meses de juicio, en los que se ha evidenciado la autoría islamista, la posición de la AVT no tuvo desperdicio. El abogado Emilio Murcia enmarcó los atentados dentro de una "estrategia terrorista destinada a alterar" las elecciones generales del 2004. Afirmó que no puede descartarse" en la matanza el uso de Titadyne, la dinamita habitual de los etarras.
"LEGITIMA" El letrado dejó clara su voluntad de politizar el juicio, al afirmar que los atentados no fueron consecuencia de la "decisión legítima" de Aznar de intervenir en Irak, sino que obedeció a la actitud de España en la lucha contra el terrorismo islamista tras el 11-S. El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, también incidió en el uso de Titadyne. Ambas asociaciones retiraron los cargos contra gran parte de la trama asturiana, dentro de su estrategia de mostrar que "no está probado" el uso de goma-2 Eco procedente de la asturiana Mina Conchita. Pero mantienen los cargos a Trashorras y los hermanos Toro.
