La Fiscalía General del Estado y el Gobierno socialista garantizaron ayer por separado que se depurarán todas las responsabilidades penales y políticas de caso Yak-42. El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó que se investigue un posible delito de "falsedad documental" en la identificación de los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo. Y Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, emplazó al Congreso a dirimir qué responsabilidades políticas le corresponden al anterior ministro de Defensa, el popular Federico Trillo, y a su equipo.

A propuesta del actual titular de Defensa, José Bono, el Consejo de Ministros ordenó ayer el anunciado "pase a la situación de reserva" de los generales José Antonio Beltrán y Vicente Carlos Navarro. Ambos firmaron la errónea identificación de al menos 22 de las 30 víctimas que analizaron, en apenas tres horas, el 28 de mayo del 2003 en Trebisonda (Turquía).

"ESCLARECER LOS HECHOS" Conde-Pumpido anunció ayer en La Coruña que ha dado instrucciones al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para que apoye la apertura de las diligencias reclamadas por la asociación que agrupa al grueso de los familiares de la víctimas del Yak-42. El fiscal general presentó esta investigación como una "muestra de apoyo" a las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente. Su propósito, dijo, es "esclarecer los hechos", sin prejuzgar la existencia responsabilidades penales.

El Ejecutivo, por su parte, anunció ayer que no dará por cerrado el caso Yak-42 hasta que lo aclare en todos sus extremos. El PP ofreció ayer una imagen de tranquilidad tras conocer la apertura de una investigación. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, se declaró "respetuoso" con la decisión del fiscal general y aseguró que al PP no le inquieta: "Preocupación, la justa, porque la verdad es la que es".