El fiscal ha mantenido hoy su petición de dos años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el expresidente de Air Comet Antonio Mata por eludir, mediante una "conducta de ocultación", el pago de 99 millones a Hacienda tras la compra de Aerolíneas Argentinas.

Durante la exposición de su informe final en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha considerado que los dos acusados son "criminalmente responsables" de un delito contra la Hacienda Pública, por el que además de la pena de cárcel pide para ellos una multa igual a la cuota defraudada y que se indemnice al fisco con la misma cantidad más los intereses.

Los hechos se remontan a 2001, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió a Air Comet el 99,2% de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1% del capital de Aerolíneas Argentinas.

El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI también aportó en ese momento a Interinvest hasta 300 millones de dólares para pagar a los acreedores de Aerolíneas Argentinas, entonces en concurso, de modo que Air Comet se convirtió en titular de la deuda y pudo liderar las negociaciones del convenio, que terminaron en 2002 con una quita del 60%.

Air Comet, sin embargo, no reflejó en las cuentas de 2001 los créditos de los que se había convertido en titular en ese ejercicio gracias a los fondos aportados por la SEPI, lo que, según el fiscal, habría dado lugar al pago de una cuota de 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

"Cuando no se tributa por un ingreso tan grueso (...) no cabe el error, y menos cuando se lleva a cabo un ulterior maquillaje", ha dicho el fiscal, en referencia a que los créditos se reflejaron en las cuentas de 2002, cuando la deuda ya había sufrido la quita y, por tanto, carecía de efectos fiscales.

Según el fiscal, que ha recordado que hasta el perito propuesto por la defensa ha admitido ante el tribunal que esos créditos tenían que haberse reflejado "de alguna manera" en las cuentas de 2001, Air Comet decidió "ocultar" el hecho y hacerlo "aflorar" en el ejercicio siguiente, "con la conclusión de que entonces no tributa".

Carballo, por último, ha rebatido la tesis de la defensa de que Air Comet no obtuvo ningún beneficio de la operación porque terminó cediendo los créditos a Interinvest, que los convirtió en acciones de Aerolíneas Argentinas mediante una ampliación de capital, y ha ironizando diciendo que si hubiera sido así "habría que pensar que Air Comet es una ONG".

En el mismo sentido, la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedrero, que ejerce la acusación en nombre de la Agencia Tributaria y que pide la misma pena que el fiscal, ha dicho que Air Comet se benefició porque, como propietaria de Interinvest, acudió a la ampliación de capital de Aerolíneas Argentinas sin necesidad de realizar "desembolso alguno".

La abogada del Estado ha hecho asimismo referencia a una cláusula contenida en el contrato en el que los acusados se comprometían a cumplir las obligaciones establecidas por la SEPI y en la que se establecía que era Air Comet la que asumiría las "consecuencias fiscales" de la operación.

"Se nos dice por los acusados que nadie les dijo nunca que hubiera que pagar impuestos, pero ya fuera porque se 'olvidaran' o porque no quisieran tributar, lo cierto es que eran ellos los que estaban obligados a ello", ha concluido Pedrero.

El juicio continuará el próximo lunes con los informes finales de las defensas, que piden la absolución de sus representados, y el turno de última palabra de los acusados Díaz Ferrán y Mata, que fueron quienes junto a Gonzalo Pascual -ya fallecido- firmaron en nombre de Air Comet el contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas.