La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su criterio y se ha opuesto a conceder al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez permiso para poder asistir al pleno del próximo lunes en el que el Parlament podía designarle presidente de la Generalitat. El objetivo es el ya esgrimido en anteriores resoluciones del alto tribunal: el riesgo de reiteración delictiva es mayúsculo en su caso, según fuentes fiscales.
Obviamente, la fiscalía también se ha mostrado contraria a que quede en libertad de forma provisional como solicitaba su defensa en un primer escrito, luego completado por un segundo con el que intenta forzar que el magistrado Pablo Llarena se pronuncie antes del próximo lunes. Ante la primera petición de libertad, en la que se incluía que en su defecto se le dejara asistir a la Cámara, el juez concedió un plazo de cinco días a las partes que finaliza el mismo lunes.
Por su parte, la acusación popular que ejerce Vox ya ha anunciado que también se opondrá por el riesgo de reiteración delictiva que supone la capacidad de movilización ciudadana de Sànchez. Si decidiera agotar el plazo no presentará su alegación hasta el lunes.
