La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy 136 años de cárcel para 17 miembros de la organización juvenil SEGI que fueron detenidos en Guipúzcoa en abril de 2008 por un presunto delito de integración en organización terrorista, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. El Ministerio Público registró hoy un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, en el que solicita que abra juicio oral contra los acusados por su pertenencia a SEGI, declarada ilegal por el Tribunal Supremo, y avanza su intención de solicitar ocho años de cárcel para cada uno de ellos.

Los procesados, que fueron detenidos en abril de 2008, son sospechosos de haber cometido una decena de actos de 'kale borroka' (violencia callejera) desde el año 2005 en los municipios de Oiartzun, Rentería, Lezo y Pasajes (Guipúzcoa), aunque estos hechos se investigan en procedimientos judiciales independientes. Entre ellos se encuentran el ataque al Juzgado de Paz de Rentería, a una comisaría de la Ertzaintza y al domicilio particular de un agente de la policía autónoma vasca.

En febrero de 2009 Grande-Marlaska procesó a 22 personas por estos hechos, entre ellos los presuntos etarras Oroitz Gurrutxaga Gogorza y Xabier Goyenetxea Iragorri, que actualmente se encuentran huidos de la Justicia y a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sitúan en la estructura de la banda. Fuentes jurídicas explicaron que la cifra de procesados se ha rebajado a 17 porque no se ha dirigido acusación contra los supuestos terroristas que se encuentran en paradero desconocido y porque la Sala de lo Penal revocó el procesamiento de los restantes tras atender sus respectivos recursos de apelación.

"CANTERA DE ETA"

En su auto de procesamiento, el juez aseguraba que los imputados forman parte de "la cantera de ETA" y desarrollaron ataques callejeros con el objetivo de "hacer llegar el terror a todos los sectores" de la población, de forma que se evite la implicación de etarras de alto nivel "en acciones de menor calado".

Según el juez, SEGI "monopoliza en exclusiva la lucha callejera" y "dirige, decide, programa, organiza y ejecuta" las acciones de 'kale borroka'. La acción se desarrolla en cuatro ámbitos: "asambleas juveniles destinadas al adoctrinamiento, captación de militantes y ocultación de material; plataforma contra el Tren de Alta Velocidad, el movimiento Kamaradak, dedicado a poner en contacto los grupos con movimientos juveniles independentistas del resto de Estado y el encuentro Gazte Topagunea que dice el juez, puede considerarse el Congreso Anual de Segi". En cuanto a la campaña contra el TAV, el magistrado destacaba que esta "campaña feroz" está diseñada "como complemento a la estrategia de ETA" y menciona en este contexto el asesinato del empresario Ignacio Uría, "reconocido por la propia organización terrorista".

22 PROCESADOS

Los 22 procesados eran Alexander Echeverria, Imanol Sagarzazu, Gaizka Ibeas, Alain Luna, Iker Zabala, Oinatz Arbelaiz, Xabier Lujanbio, Haizea Iriarte, Beñat Burlada, Jon Aitor Alberdi, Josu Arruabarrena, Jon Aitor Franco, Arkaitz Anza, Egoitz Urbe, Maitane Linazasoro, Hodeiertz Urain, Oiana Mugica, Gorka Etxeberria, Jon Mikel Otxoa, Iker Iraola, Oroitz Gurrutxaga y Xabier Goyenetxea, estos dos últimos actualmente en rebeldía.

Durante los registros efectuados por las Fuerzas de Seguridad se incautó numerosa documentación relacionada con ETA, Batasuna, Jarrai, Gestoras Pro Amnistía, abundante material contra el TAV, fotos de presos vascos y planos de posibles objetivos como el Ayuntamiento de Rentería o la subestación de Renfe de esta localidad. También se localizó una lista de nombres de nueve políticos del PSOE acompañados de sus direcciones.

Marlaska atribuía a Oiana Múgica la dirección de los taldes que actúan en las localidades de Renteria, Oyarzun, Lezo y Pasajes. En cada localidad existía un talde directivo integrado por cinco o seis personas.