La fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al tribunal que confirme el procesamiento del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y del exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, por intentar reconstruir la formación ilegalizada para que no combinen su "actividad institucional con pistolas y bombas".

Así lo ha solicitado el fiscal Vicente González Mota en la vista celebrada hoy ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal, donde se han estudiado los recursos presentados por Otegi, Díez Usabiaga y otros cuatro acusados, a los que el juez Baltasar Garzón procesó por un delito de integración terrorista al intentar reorganizar Batasuna a través del grupo Bateragune.

El representante del ministerio público se ha opuesto a los argumentos esgrimidos por la defensa de los seis procesados al entender que sus actividades no son "simples actos políticos" sino que con sus manifestaciones públicas tratan de "dar cobertura a las tesis de ETA".

"CONSEGUIR TREGUAS ENCUBIERTAS"

A juicio de González Mota, los procesados continúan con la estrategia declarada ilegal por el Tribunal Supremo (TS) de "combinar sus actividades institucionales con pistolas y bombas".

Además de Otegi y Díez Usabiaga --al que Garzón dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros para cuidar de su madre el pasado 26 de abril-- han recurrido en apelación la extesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y Arkaitz Rodríguez --juzgado en el 2006 por integración terrorista y que resultó absuelto--, todos ellos en prisión.

Para el juez, Otegi era el máximo responsable de Bateragune, y entre sus actividades estaría la de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA" para facilitar "los contactos" con formaciones soberanistas "que se muestren contrarias a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar".

Otegi permanece en la cárcel de Logroño desde el pasado 6 de mayo después de haber estado casi un mes en el centro penitenciario donostiarra de Martutene, al que fue trasladado a mediados de abril ya que la Audiencia Nacional le concedió un permiso para hacer dos visitas a su madre.