El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, solicita en su escrito de acusación un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para el president, Quim Torra, por un delito de desobediencia. Sostiene que «desatendió abiertamente» las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral.

La inhabilitación es para ejercer cargos electivos, incluso europeos, así como para el ejercicio de funciones de Gobierno. Esta medida, precisa la acusación, conlleva la privación definitiva de estos cargos y de «los honores anejos». La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró ayer sobre la acusación del fiscal que es «un sinsentido» y que lo que hizo el jefe del Govern fue defender la libertad de expresión. La fiscalía expone que el 11 de marzo la JEC conminó al president a que retirara los lazos de los edificios públicos de la Generalitat.

Torra, que ya había presentado sus alegaciones, «decidió desatenderla, a pesar de ser conocedor de que la misma era firme», puntualiza el fiscal. El 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión.

Ayer mismo la Guardia Civil se personó, por orden del juzgado, en el Palau de la Generalitat, así como en otros departamentos, para reclamar expedientes administrativos vinculados a la logística del 1-O.