Con todos los ojos puestos en el informe que la Abogacía del Estado presente en relación con la situación Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se declara que adquirió la inmunidad desde el momento en que se proclamaron los resultados de la elecciones al Parlamento Europeo, quien ha vuelto a mover ficha es la Fiscalía.
En un informe insta al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa abierta por el 'procés' y quien dejó en suspenso la pieza relativa a los huidos hasta que estén a disposición de la justicia española, a que mantenga las órdenes de detención y de reclamación internacional dictadas contra el 'expresident' y el 'exconseller' fugados para su ingreso en prisión, y que se solicite al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible la retirada de la inmunidad que se les ha concedido por ser elegidos europarlamentarios. En el caso de Junqueras, en cambio, los fiscales pedían que siguiera preso y rechazaban que hubiera que tramitar suplicatorio alguno al haber sido ya condenado en firme.
En cuanto a la euroorden cursada a Bélgica, pendiente de que se conociera la sentencia que respondía a las dudas del propio Supremo español sobre el permiso solicitado por el líder de ERC para tomar posesión del escaño europeo, el ministerio público propone que mantenga en suspenso los plazos para resolverla hasta que la Eurocámara se pronuncie sobre la inmunidad que, según el escrito, debe tramitar España.
Suplicatorio para procesar
Los cuatro fiscales del 'procés' recuerdan que el procesamiento contra Puigdemont y Comín es firme desde el pasado 26 de junio de 2018, mientras que en el caso del segundo no lo fue hasta el 21 de junio de este año. Ambos adquirieron la condición de diputados el pasado 13 de junio, con la proclamación de resultados de mayo. Cuando se hizo pública la sentencia del 'procés', el juez Llarena reactivó las euroórdenes en esta ocasión solo por sedición y malversación como había quedado limitado por el fallo.
En este sentido, recuerda que la Constitución española prevé la necesidad de solicitar el suplicatorio del Congreso y del Senado para actuar judicialmente contra diputados y senadores para "inculpación y procesamiento", trámites procesales ya superados en el caso de ambos, y en el del 'expresident' incluso cuando resultó electo. Añade que los eurodiputados españoles se rigen por el mismo régimen.
Tras señalar que la inmunidad es una "garantía diseñada para extender sus efectos frente a maniobras o acciones judiciales que pretendan alterar el funcionamiento y composición de la institución legislativa", no lo es para "proteger de forma ilimitada a sus miembros", lo que supondría crear "un inadmisible limbo parlamentario" frente a procesos penales iniciados y concluidos antes incluso de la convocatoria electoral en la que resultaron electos.
"La inmunidad no puede convertirse, en un ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función electoral", señalan los fiscales del 'procés', citando un auto de la propia Sala Segunda del pasado mes de mayo. De ahí que consideren que deben mantenerse todas las medidas cursadas contra los flamantes eurodiputados y tramitar el suplicatorio para poder seguir actuando judicialmente contra ellos.
