La fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás ha pedido en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel para la visita del Papa a Valencia en 2006 que el tribunal ordene investigar por falso testimonio al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por su declaración como testigo en esta vista.

Tras dar a conocer su petición de pena definitiva para los veintidós acusados la fiscal pidió al tribunal que "deduzca falso testimonio contra Francisco Camps", así como contra otros dos testigos, y como tales obligados a decir verdad, César Tomás Martín Morales, exjefe de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), y Victoriano Llanes, exjefe de los Servicios Jurídicos de Radiotelevisión Valenciana, informa Efe.

Francisco Camps negó en su declaración testifical en este juicio que hubiera ordenado adjudicaciones a la trama corrupta y aseguró que con el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', no iría "ni a la vuelta de la esquina".

REANUDACIÓN DEL JUICIO

La Audiencia Nacional ha reanudado con las conclusiones definitivas del ministerio público el juicio contra los 22 acusados de esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias. Para 11 de ellos ha bajado su petición de penal al admitir los hechos de los que estaban acusados, entre ellos 'el Bigotes' para el que pedía 37 años y tres meses y finalmente ha solicitado 10 años y cuatro meses.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros.

La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo. Pera este pedía 18 años de cárcel y finalmente la petición se ha reducido a un año y siete meses.

La fiscal solicitó siete años y dos meses de prisión para Gimeno, cuando antes reclamaba 40 años, la máxima petición de pena. No obstante, la rebaja queda supeditada a que el exdirector de RTVV confiese todos los hechos en su turno de última palabra como se ha comprometido.

Igualmente ha rebajado su petición de pena para tres exdirectivos de RTVV que acordaron con la Fiscalía confesar los hechos, para cada uno de los cuales pide dos años de prisión cuando antes reclamaba entre diez y once, y para cinco empresarios, para los que reclama entre ocho meses y cuatro años de prisión (antes entre 10 y 15 años).

La fiscal ha mantenido sus peticiones de penas para los acusados que no han pactado con la Fiscalía, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo, ya en la cárcel cumpliendo condenas por otras piezas de Gürtel, para quienes ha reclamado 38 y 37 años de prisión, respectivamente. Para cinco exdirectivos de RTVV y dos empresarios para los que pide entre diez y 29 años de prisión, en concreto esta última pena para el administrador de Teconsa, José Luis Martínez Parra. Y le ha retirado la acusación a otras dos empresarias. A consecuencia del coronavirus falleció el principal acusado, el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Juan Cotino.