La Fiscalía ha recurrido, aunque fuera de plazo, la exhumación de los restos mortales de los hermanos aragoneses Manuel y Ramiro Lapeña en el Valle los Caídos, ya que considera que no está probado que se encuentren enterrados allí, lo que la convierte en una tarea de "complejidad extrema".

La fiscal Virginia Artacho recurrió el pasado 18 de mayo la decisión del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en un escrito al que ha tenido acceso Efe pero que fue rechazado por el juez por haberlo presentado fuera de plazo.

En su recurso de apelación, la fiscal se oponía a la exhumación de los dos hermanos, fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos, porque no han quedado acreditadas diversas circunstancias que rodearon su enterramiento.

"No existe constancia fehaciente, ni del lugar inicial de enterramiento de estas personas, ni de su posterior traslado al cementerio del Valle de los Caídos en el año 1959", asegura la fiscal.

Explica que, en el caso de Manuel Lapeña, fue enterrado en una fosa común del barranco de La Bartolina, donde no se encontraron restos humanos, por lo que, en vista de que en las mismas fechas se trasladaron al Valle de los Caídos cuerpos de varios lugares de España, se concluyó que deben estar ahí.

En cuanto a Antonio Lapeña, fue enterrado en una fosa junto al muro del cementerio de Calatayud (Zaragoza) y no se ha acreditado que en ese lugar haya restos humanos, una circunstancia que, según la fiscal, se debería analizar primero.

Además, la fiscal explica que no se sabe en qué lugar concreto del Valle de los Caídos estarían los cuerpos, lo que "llevaría a la necesidad de manipular otros restos cadavéricos en orden a conseguir la localización, exhumación e identificación de los mismos", una tarea que podría resultar "de complejidad extrema".

Este recurso fue inadmitido por el juez de El Escorial en un auto del 24 de mayo, ya que la fiscal lo presentó fuera del plazo estipulado, una circunstancia que ha llevado al abogado de las familias de las víctimas franquistas, Eduardo Ranz, a presentar sendos escritos de queja ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

En esos escritos, pide que se sancione a la fiscal por intento de vulneración del principio de seguridad jurídica y por tener una actitud contraria a la obligación de cumplir las sentencias.

La exhumación de los restos está pendiente de la autorización de Patrimonio Nacional, que puede dar ya luz verde a los científicos para proceder a la apertura del columbario o esperar a un mandato explícito judicial.