La fiscalía de Barcelona va a investigar la gestión de Daniel de Alfonsoal frente de la Oficina Antifraude por si ha podido cometer un posible delito de malversación de caudales públicos. En la conversación que mantiene con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el conocido como 'Fernándezgate', sostiene que está intentando convencer "al Grupo Planeta" para que investigue al padre del líder de ERC, Oriol Junqueras. Por su parte, la fiscalía de Madrid va a abrir una causa por revelación de secretos por la grabación de estas conversaciones y su filtración.
La fiscalía del Tribunal Supremo ha reunido todas las denuncias que se han presentado por este escándalo y ha escuchado el contenido íntegro de las grabaciones desveladas por el diario 'Público' para analizar su alcance penal. Los fiscales consideran que esta grabación se llevó a cabo por un tercero, que es el que ha cometido el delito, así como la persona que la filtró al medio de comunicación, pero no por el diario digital.
EL SISTEMA DE ESCUCHA
Por ello, consideran que es preciso determinar si este sistema de escucha estaba instalado en el despacho del ministro, donde se llevó a cabo la reunión con el exjefe de Antifraude, y quién decide su divulgación. Estas fuentes rechazan que la grabación se haya podido llevar a cabo a través de un 'hackeo' del móvil de los interlocutores, entre otras cosas porque en este departamento hay instalados inhibidores. Y será la fiscalía de Madrid la que investigue la posible comisión de un delito de revelación de secretos.
Además, los fiscales no han observado la comisión de delitos"para iniciar un proceso por preconstitución falsa de pruebas" ni por prevaricación administrativa contra el ministro del Interior que al ser aforado tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo. No obstante, piden que se investigue si el exjefe de Antifrau pudo cometer una malversación de caudales públicos porque en estas conversaciones afirmó: "Estoy intentando convencer al Grupo Planeta para que haga una investigación para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa, y me averigüe si es un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà del padre de Oriol Junqueras".
Fuentes fiscales han explicado que si finalmente este grupo editorial llevó a cabo estas pesquisas y las pagó con sus propios fondos no habría delito y que este solo se habria cometido si la misma fue sufragada con fondos públicos de la oficina Antifrau.
Los fiscales del Tribunal Supremo han dirigido un escrito a la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, que finalmente ha ordenado la apertura de un proceso en las fiscalías de Barcelona y Madrid de estos hechos.
