No hay motivo, según la Fiscalía del Tribunal Supremo, para investigar a Rita Barberá por los gastos suntuosos cargados al Ayuntamiento de Valencia entre los años 2011 y 2014. El fiscal no aprecia delito en el 'caso Ritaleaks' y ha decidido archivar las actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades en las 466 facturas por un montante total de 278.000 euros que fueron cargadas al erario, según denunció el grupo municipal de Compromís.
En su escrito, el fiscal Carmelo Quintana no considera que Barberá, "con el grado de seguridad que una imputación delictiva requiere", cargara al consistorio “gastos de viajes que no tuvieran relación con la vida municipal”. No obstante, sí aprecia algunas dudas sobre que “pudiera considerarse la existencia de algún déficit en la justificación de alguno de los viajes”, cuestión que, señala, procedería determinar “en el ámbito de la jurisdicción contable", con lo que Compromís podría dirigir ahora su denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
NARANJAS Y VIAJES
Quintana no ve delito, por ejemplo, en el envío de cajas de naranjas a dirigentes del PP ni en los viajes sin justificar. Respecto a las naranjas, el fiscal destaca que se regalaron “con ocasión de la fiestas navideñas” y que se trata de “un producto característico de la ciudad sin tener un precio elevado”. Se enviaron cajas por valor de 32.494,41 euros. La fiscalía admite que “ciertamente bastantes de los destinatarios se encontraban relacionados con el partido político al que pertenecía la alcaldesa”, aunque luego lo justifica por que “el PP era el que estaba en el gobierno desde diciembre del 2011 y, por tanto, podría entenderse que las cajas de naranjas se enviaban a miembros de partido gobernante".
En cuanto a los viajes, el fiscal del Supremo considera que “la mayoría de los gastos abonados por el ayuntamiento” entre el 2009 y el 2014 “tiene una explicación, aunque sea somera”. Aunque en otros, señala a continuación, "no consta el motivo del viaje, pero sí que eran a Madrid, breves y con acompañamiento de escolta”, por lo que asume que es “deducible” que se trataba de desplazamientos con “carácter oficial".
BLANQUEO, LA ÚNICA IMPUTACIÓN PENDIENTE
Tras recibir la denuncia de Compromís, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia sí apreció que la exalcaldesa podría haber incurrido en un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por su nueva condición de aforada ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Anticorrupción envió al Supremo las diligencias abiertas contra la actual senadora. Recientemente, el alto tribunal también archivó el procedimiento contra Barberá por no retirarsímbolos franquistas cuando era alcaldesa de la ciudad, incumpliendo la ley de memoria histórica. Hoy por hoy, la única causa que sigue abierta en el Supremo contra la exalcaldesa de Valencia y que podría suponer su imputación es la pieza separada del 'caso Imelsa' que investiga el presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal del grupo municipal del PP.
