Los fiscales españoles sólo tendrán seis meses para investigar delitos, lo que limitará las posibilidades de que las pesquisas fructifiquen, especialmente cuando se trate de asuntos complejos como corrupción o escándalos financieros. Un artículo añadido a última hora por el PP en el proyecto de estatuto del Ministerio Fiscal que ahora se tramita en el Senado impone esa limitación. Además, permite a los abogados defensores de los sospechosos conocer las actuaciones que se practiquen.
Lo que en principio redunda en la agilización de la justicia también es visto por las asociaciones de fiscales como un intento del Gobierno de cercenar la capacidad de fiscalías especiales, como Anticorrupción.
INVESTIGACIONES MOLESTAS
"La complejidad de las investigaciones de los delitos financieros, económicos, ecológicos, urbanísticos o relacionados con la corrupción hace imposible que en tan breve plazo pueda desarrollarse una investigación", explica Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. En su opinión, la reforma tiene un objetivo: "Neutralizar las investigaciones que pueden ser molestas para los que ejercen labores de gobierno".
Martín Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, tampoco está conforme con la reforma porque, además de recopilar pruebas, "en algunos casos deben solicitarse informes técnicos" que tardan en llegar.
La Fiscalía Anticorrupción quedará seriamente tocada si se aprueba la ley. Un miembro de esta institución admite que la reforma "desactivará" las investigaciones complejas. En muchos casos, la fiscalía debe recabar documentación de la Administración, del Fisco, bancos o instituciones o firmas extranjeras.
"Esta ley abre la puerta a que si una administración está siendo investigada retrase la entrega de documentación o que te remitan informes incompletos, sin tener tiempo de comprobar los datos", explica un fiscal de delitos económicos. Sin embargo, añade que los fiscales no piensan tirar la toalla: "Si pasan los seis meses y hay indicios de delito, tendremos que denunciarlo en el juzgado", aseguran.
El precepto que limita el plazo de las investigaciones de los fiscales fue introducido en el Congreso de los Diputados en el último momento. El PP ha presentado ahora una enmienda en el Senado en la que admite la posibilidad de una prórroga extraordinaria en casos especiales, pero ésta sólo puede concederla el fiscal general del Estado.
DERECHO DE DEFENSA
El proyecto también recoge que si un investigado se interesa por conocer las actuaciones que se practican, se le debe comunicar y puede participar en ellas. Algunos fiscales opinan que esta situación podría anular las pesquisas, pues "el investigado podría entorpecer la actuación de la fiscalía, ocultar o destruir pruebas". Este proyecto limita a cinco años el cargo de fiscal Anticorrupción o de los fiscales superiores.
