Alejadas de los focos mediáticos y ensombrecidas por el tótem que forman el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las diputaciones provinciales sobreviven en España alimentadas por la tradición y el desconocimiento. Este último factor, sumado a la capacidad que tienen estas administraciones para crear cargos públicos y contratar personal, hacen que estas administraciones se sitúen periódicamente en el punto de mira cuando la economía aprieta.
Aunque el PSOE y el PP parecen haberse intercambiado los papeles en el debate sobre la utilidad de las diputaciones tras el 22-M, ambos partidos están de acuerdo en que, dos siglos después, se impone una modernización de estos centros de poder. Un poder casi invisible, pero abultado: casi 6.000 millones de euros de presupuesto, 22.000 millones de gasto, 76.000 trabajadores en nómina y 6.358 millones de deuda.
El candidato socialista a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, abrió la espita esta semana con sus estimaciones de ahorro: 1.000 millones más en las arcas y 1.000 cargos públicos menos con unas diputaciones renovadas. El PSOE ha puesto en marcha la calculadora a tres meses de una campaña electoral que será, a buen seguro, un maratón de propuestas de austeridad. Pero también lo hace justo cuando acaba de ver empequeñecido su poder provincial.
De los 52 entes de este tipo que hay en España, únicamente gobiernan ocho, frente a los 32 que dirige el PP. La balanza se decanta todavía más del lado azul al comparar los presupuestos que manejarán uno y otro partido en este mandato. Los populares gestionarán casi el cuádruple de dinero que los socialistas. Cerca de 4.000 millones el PP y poco más de 1.000 el PSOE. Estos últimos tendrán entre manos prácticamente el mismo presupuesto que CiU en las cuatro diputaciones catalanas. Un dato que evidencia dos extremos: la magnitud del batacazo socialista y la heterogeneidad territorial que caracteriza a estas administraciones.
Para empezar, no hay diputaciones en todas las comunidades (las uniprovinciales no tienen porque sus funciones las asumen los gobiernos autonómicos). En los archipiélagos, cada isla tiene su diputación (llamadas cabildos en Canarias y consells en Baleares). Pero tampoco todas las que existen funcionan igual. La diferencia más importante estriba en las prestaciones que le llegan de ellas al ciudadano. En las comunidades menos pobladas, el funcionamiento de estas instituciones es similar al de una empresa de servicios, que, en este caso, cubre las limitaciones de otras administraciones, sobre todo en pequeños municipios. Algo tan sencillo, pero tan necesario, como cambiar la bombilla de una farola, asfaltar una carretera, arreglar una avería en la red de suministro de agua, recoger la basura o comunicar a varios pueblos mediante un autobús.
El problema viene cuando algunas de estas prestaciones se solapan con las de otros ejecutivos, como los autonómicos o municipales. Como sucede en otros debates, la cuestión se ve con otros ojos desde la periferia. El nacionalismo catalán siempre ha defendido la conversión de las diputaciones en veguerías, cuando los cuatro órganos actuales estaban en manos socialistas y ejercían de contrapoder a una Generalitat comandada por CiU. Ahora la federación reina en ambas partes y el cambio no parece tan urgente.
En Euskadi, es la tradición foral la que blinda las diputaciones. Al contrario que en el resto de España, las juntas vascas están facultadas para recaudar impuestos. La caja prevista para este año es de 12.500 millones de euros, de los que solo se quedarán una quinta parte. La mayoría de la recaudación, unos 8.600 millones, se destinará al Gobierno vasco, y el resto será para el Ejecutivo central y los ayuntamientos.
Tan complejo reparto explica que Euskadi sea la segunda comunidad más endeudada en el ranking provincial, solo superada por las diputaciones andaluzas. Ambas autonomías están por encima del millón de euros de débito. La lista sigue con Canarias, Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Solo el cabildo de Tenerife debe 477.000 euros. Y solo una diputación tiene sus cuentas en paz: Ciudad Real.
En resumen, mancomunar servicios para vertebrar el territorio es el eje de actuación de las diputaciones, y a esta función se aferra el PP para rechazar el plan de Rubalcaba, con el argumento de que, sin diputaciones, 15 millones de personas quedarían abandonados. En España, el 83% de las poblaciones tiene menos de 5.000 habitantes. De ahí que el candidato socialista puntualizase que no se trata de recortar servicios, sino cargos públicos. Todo un desafío. De los 21.049 millones que las diputaciones gastaron en el 2010, un 30% fue consignado en la partida de personal.
