Ha tenido que ser el Europarlamento --y no el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos-- quien saliera en defensa de los ciudadanos ante los abusos urbanísticos y la especulación inmobiliaria en España, en especial en la costa. En tres ocasiones durante los últimos cuatro años ha tenido que amonestar públicamente tanto al Gobierno central como a las autonomías y los ayuntamientos por permitir la urbanización masiva y especulativa, así como las "actuaciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales".
La última y más dura reprobación fue el 26 de marzo, pese a los intentos desesperados de las delegaciones del PSOE y del PP para frenar y edulcorar la reprimenda. Esta resolución fue aprobada por una aplastante mayoría: 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones. La Eurocámara ya había votado en diciembre del 2005 y en junio del 2007 otros dos informes críticos.
El Parlamento Europeo reclamó en marzo al Gobierno "una profunda revisión" de la legislación sobre urbanismo, la suspensión y revisión de los nuevos planes, y que "se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación". También sugirió la suspensión de los fondos a las regiones díscolas.
