Las comunidades gobernadas por el Partido Popular también están inyectando presión a la materialización del acuerdo antes del 15 de julio, aunque de una forma diferente a la de Andalucía. La decisión tomada desde Cataluña por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de poner cifras sobre la mesa mediante la reclamación de un mínimo de 3.800 millones en el tercer año de aplicación del modelo, en el 2011, sirvió ayer a Valencia, Castilla y León y Galicia para abrir la habitual guerra de cifras.
Valencia, que hace menos de una semana fijaba su base de salida para el primer año en 1.200 millones de euros, la subió ayer a 1.400 millones al dar por buena la versión catalana de que el Gobierno central aumentará los 9.000 millones de euros de aportación global prevista antes de entrar en esta nueva ronda de negociaciones.
POBLACION AJUSTADA Siguiendo esa misma premisa, Castilla y León puso su listón de mínimos en 576 millones de euros, lo que equivale a ganar cuatro décimas de porcentaje en el reparto de recursos (6,4%) respecto a su peso real de población (6%). Una diferencia que costearía, según su opinión, la mayor dificultad existente en comunidades con una gran dispersión territorial para dar cobertura social, lo que se conoce con el término técnico de población ajustada.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, llegó a decir ayer que recibir menos de esos 576 millones de euros sería "robar" a sus conciudadanos.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en mantener el porcentaje que delimita su actual trozo del pastel en el reparto (un 7,1%), una cifra inasumible por parte del Gobierno central si se decide a primar el criterio de la población y de su incremento en los últimos años, tal y como reclama, entre otras comunidades, Cataluña. Aun así, fue el BNG --en la oposición desde las elecciones del pasado marzo-- quien puso la guinda al pastel al ir todavía más lejos y subir su pretensión hasta un 7,8%.
