El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho suya la propuesta incluida en el Código Procesal Penal redactado por una comisión de expertos para permitir la inhabilitación cautelar de cargos públicos investigados por corrupción, una medida que considera "un paso de gigante" que resolverá la controversia que genera actualmente la figura del imputado.

Justicia ha recibido ya el anteproyecto de Código Procesal Penal redactado por una comisión de expertos que servirá para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está vigente desde 1882. Según ha explicado Gallardón en el Pleno del Congreso, en ese texto se dan "pasos de gigante" en la lucha contra la corrupción,

Además, de la atribución a la Fiscalía de la labor investigadora que ahora desarrollan los jueces de instrucción, el ministro ha subrayado los plazos que se fijan a las diligencias para evitar la dilatación de los sumarios --máximo seis meses desde la apertura, con un tope de 18 si se considera de especial complejidad--, así como al mantenimiento del secreto de las diligencias, lo que reducirá "especulaciones y juicios paralelos".

Ha destacado igualmente el artículo 195 que permitirá que un tribunal, a instancias de una parte, pueda inhabilitar cautelarmente a un cargo público en ejercicio, sin esperar la sentencia, en caso de que se aprecien claros para una pena de inhabilitación y exista "peligro de reiteración".

Acabar con los problemas de la imputación

A su juicio, se trata de un "paso de gigante" que resolverá las dudas que plantea la actual figura del imputado pues considera "notoriamente injusto" que un político tenga que dimitir con sólo ser imputado en una querella, y a la vez "clamaba al cielo" que otro siguiera en su cargo a la espera de sentencia en un supuesto "clarísimo". "Hemos encontrado una fórmula en manos del tribunal de garantías", ha añadido, haciendo suya la recomendación de los expertos.

Y es que, según ha remarcado a UPyD, "hay que tener la honradez intelectual de no sembrar la especie de que España es un país corrupto por naturaleza, porque esa especie, que es falsa, sólo se traduciría en una pérdida de competitividad". "No caigamos en el populismo en el diagnóstico --ha comentado--.. Hay que extirpar el tumor, pero no vaya a ser que en la operación acabemos matando al paciente".

El ministro se felicita de que haya una "exigencia ética colectiva que establece el reproche a estas conductas", pero ha insistido, como alcalde de una ciudad que se examinó para acoger unos Juegos Olímpicos, que desde fuera no sólo miran las instalaciones sino que también analizan el grado de funcionamiento de las instituciones y la ausencia de arbitrariedad. "Si alguien llega a la conclusión de que la corrupción esta generalizada perderíamos competitividad", ha avisado.

UPyD: "Datos bochornosos"

Pero Rosa Díez ha recordado que los ciudadanos están "hondamente preocupados" por la corrupción y lo entiende porque, según la Memoria de la Fiscalía de 2009 había 730 asuntos abiertos contra partidos con implicados de distintas formaciones. "Son datos impresionantes, bochornosos, para avergonzarnos", sostiene.

A su juicio, el acuerdo que este martes se alcanzó en el Congreso con medidas por la transparencia y contra la corrupción es "un avance", pero no es suficiente, y es hora de acometer reformas legales desde la política. "No tenemos que pararnos con lo que se ha hecho --ha dicho--. Es un buen paso, pero no suficiente".

Gallardón ha destacado las bondades de la resolución aprobada por el Congreso, cuyas medidas obligan al Gobierno y a los firmantes, y cree que en su área "se abre ahora un amplio debate" sobre la Justicia del siglo XXI en el que invita a participar a toda la sociedad.