Las autoridades penitenciarias valoran este fin de semana cómo habrá de pasar lo que le queda de condena a Carlos García Juliá, coautor de la matanza de los abogados de Atocha. El asesino, que llegó extraditado la madrugada de ayer a Madrid desde Sao Paulo, ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real. Según fuentes de esa cárcel, está a la espera de valoración en una celda del módulo de ingresos en la que pasará el fin de semana. El ultra, de 64 años, ya ha sido sometido al PPS (Protocolo de Prevención de Suicidios) «no tanto porque se vaya a autolesionar, como por su seguridad ante otros presos que atentarían contra él», explican estas fuentes. El protocolo supone que le vigile de cerca otro preso. Estas fuentes estiman que, «al menos un tiempo, lo pasará en una UT» (unidad terapéutica), con salidas paulatinas al patio, y en observación. García Juliá tiene experiencia en cárceles peligrosas, pues su vida delictiva en Latinoamérica y su relación con narcos locales le llevó a la prisión boliviana de Palmasola, un infernal poblado penitenciario en el que permaneció desde mayo de 1996 hasta su fuga, en 1999. En diciembre del 2018, cuando las autoridades brasileñas desmontaron su falsa identidad (Genaro Materán) y lo detuvieron, se ganaba la vida con esporádicos trabajos de chófer en Sao Paulo.
En la noche del jueves, confirmado ya que Carlos García Juliá volaba extraditado a Madrid, el embajador de España Pablo Benavides llamó al abogado (y exministro, y expresidente del Congreso) José Bono. Fue para encargarle nuevas acciones legales contra quien mató a su hermano, Luis Javier Benavides. El 24 de enero del 1977 murió ese joven abogado en el bufete laboralista de Atocha 55, bajo los tiros de García Juliá y José Fernández Cerrá, que también segaron la vida de los letrados Enrique Valdelvira y Francisco Javier Sauquillo, el administrativo Ángel Rodríguez y el estudiante Serafín Holgado, e hirieron a otros cuatro.
Carlos García Juliá ha cumplido solo 13 años de los 30 de máximo entre rejas que le fijó la Audiencia Nacional en el 1980. Le cayó una condena de 193 años como coautor de la matanza.
Ya en libertad condicional por cumplimiento de un tercio de la pena, pidió poder trabajar en Uruguay. Ahí se inició una fuga que ha durado 26 años.
Esta extradición llega a pocos días del cuadragésimo antiversario del juicio por la matanza.
La nueva causa contra García Juliá será por quebrantamiento de condena; no habrá pues lugar a más indagaciones sobre la matanza, ya juzgados.
«Ejerceremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para que cumpla hasta el último día», relata José Bono, que se está coordinando con la también abogada Cristina Almeida, con la que colaboró en la acusación particular.
