Pocos minutos antes de las 15.30 horas, y tras casi cinco horas de declaración, el juez Baltasar Garzón ha abandonado la sede del Tribunal Supremo adonde había llegado esta mañana por su propio pie desde la Audiencia Nacional, a escasos 200 metros.
El juez ha declarado como imputado por cohecho y prevaricación en la causa que debe aclarar si pidió dinero al Banco Santander cuando viajó a la Universidad de Nueva York.
Enrique Molina, abogado del juez, ha señalado que "la declaración ha sido larga y Baltasar Garzón ha tenido ocasión de aclarar algunos aspectos del caso".
Expectación
El magistrado ha llegado a primera hora de la mañana acompañado por una corte de fotógrafos y solo le esperaban numerosos periodistas. Un hombre se ha personado con una pancarta en contra del proceso a Garzón. La declaración que ha comenzado a las 10.30 horas no tenía límite de tiempo.
Esta es la segunda vez que Garzón acude a declarar al alto tribunal en calidad de imputado en menos de un año, después de que lo hiciera el pasado septiembre por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo, por el que será juzgado por el TS y está muy cerca de ser suspendido provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El juez de la Audiencia Nacional ha sido citado por el magistrado instructor del caso, Manuel Marchena. También están citados para que declaren el próximo 21 de abril como testigos una funcionaria del juzgado de Garzón que le acompañó a Nueva York y el exdirector y la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I, en el que impartió sus cursos, Laura Turégano y James D.Fernández, respectivamente.
Acusado de prevaricación y cohecho
Estos tres testigos han sido propuestos por la acusación, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea. Mazón y Panea relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra Garzón la percepción de 302.000 dólares entre el 2005 y el 2006 por parte del juez con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas "cesiones de crédito".
Garzón sostiene que él no gestionó ni administró los fondos que destinó el Grupo Santander para el patrocinio de sus conferencias al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y que sus ingresos no procedieron de los mismos.
