El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura que Francisco Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y consejerías de las comunidades de Madrid y Valencia, cuya identidad ahora investiga.
Así lo explica el magistrado en el auto en el que ayer acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa --del que dice que trató de huir el pasado día 7 a un país centroamericano-- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos". "Existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas [de Madrid y Valencia] para obtener un beneficio propio", asegura.
Entramado internacional
Se trata, según el auto, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa, del que forman parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa". Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en Madrid y Valencia, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez. Sobre esa estructura nacional, añade, "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España".
Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda.
Operaciones enmascaradas
Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros paraísos fiscales.
El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.
Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo,aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización". Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".
Piso de seguridad
El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la operación Gürtel fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe que "quedaba constatado el nerviosismo de Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".
De hecho, la organización disponía de un piso de seguridad en la calle madrileña de Martínez Campos en el que vivía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" en el que guardaron "documentos sensibles" que sacaron de una sede de una de sus empresas.
