El juez Baltasar Garzón lamentó ayer que varios medios de comunicación informaran que, por su culpa, Batasuna había recuperado 55 herriko tabernas (locales de ocio) porque se le había olvidado prorrogar el embargo de esas sedes, que decretó en el 2002. Esa prórroga venció en abril del 2006 cuando Garzón estaba de permiso en EEUU. El juez Fernando Grande-Marlaska era su sustituto.

El magistrado tomó esa medida el viernes y la remitió a la fiscalía para que la incorporara al Supremo. Sin embargo, el fiscal no hizo llegar a los magistrados de la sala especial del artículo 61 del alto tribunal ese auto el pasado martes cuando se reunieron para estudiar la liquidación de los bienes de Batasuna. Por ello, el ponente Ramón Semper comunicó, en esa reunión, que no se había prorrogado esos embargos.

Ante esta situación, Garzón expresó, en una nota pública, su malestar por las informaciones "inveraces" que tienen como fin "atacar injustamente el trabajo que desde este juzgado se desarrolla". También lamentó que con esas informaciones se "haya creado una confusión innecesaria en demérito" de la Justicia.

Antes de estas explicaciones, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) abrió unas diligencias para esclarecer la actuación de Garzón. El juez fue apoyado por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y por la fiscal de ese tribunal, Lola Delgado.