El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido hoy durante cuatro horas su competencia para investigar las fosas del franquismo ante el instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad y Dignidad en la que se le acusa de un delito de prevaricación en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.

El juez Baltasar Garzón se ha presentado puntualmente a las 12.15 horas para la declaración ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juez ha abandonado el edificio poco después de las 16.00 horas sin hacer declaraciones.

Según fuentes de la acusación, Garzón ha negado firmemente haber incurrido en prevaricación alguna y se ha negado a contestar a la batería de 150 preguntas que ha llevado preparadas el abogado de las dos acusaciones populares, Jaime Alonso, y tan solo ha atendido a las cuestiones planteadas por el instructor, el fiscal Luis Navajas y su propia defensa. Ninguna de las acusaciones han solicitado medidas cautelares contra el juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional llegó al edificio madrileño acompañado por su abogado Gonzalo Martínez de la Fresneda y, aunque fue invitado a entrar por la puerta principal, quiso acceder por la puerta de imputados, como el resto de los acusados de un delito.

Vítores de familiares

Garzón fue recibido por una treintena de familiares y víctimas de la represión franquista, que le vitorearon por haber iniciado un expediente que la democracia siempre se había resistido a tocar. El Supremo aceptó a trámite el pasado mes de mayo la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de la asociación xenófoba Libertad y Dignidad, que entendían que había incurrido en un delito de prevaricación al declararse competente para instruir un caso que estaría obligado a cerrar.

Una de las víctimas que han mostrado esta mañana su apoyo al juez asegura que el proceso es "una venganza miserable". "Llevamos muchos años esperando, porque todo el mundo sabe que los alcaldes y los jueces de los pueblos no nos dan permiso para abrir las fosas, y que en los pueblos de estas cosas no se hable", afirma Teresa Olmo, cuyo abuelo es uno de los desaparecidos de la guerra civil española.

Ni "absurda ni esperpéntica"

El juez declara ante el magistrado Luciano Varela, instructor de la querella. Garzón había presentado un recurso en el que niega haber prevaricado y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación.

Garzón decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento.

La actuación del juez de la Audiencia Nacional fue respaldada el pasado lunes por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que desde Ginebra expresó su preocupación por la investigación abierta.