La hora de la verdad. Baltasar Garzón declara hoy como imputado por un delito de prevaricación ante el Tribunal Supremo por la investigación que dirigió contra los crímenes de Franco. El alto tribunal admitió a trámite en mayo una querella contra el juez presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias a la que luego se sumó la asociación Dignidad e Identidad y era cuestión de tiempo que le llamara a declarar. El PSOE elogió ayer la trayectoria del magistrado de la Audiencia Nacional, mientras el PP se desmarcó. Garzón está en el punto de mira del partido conservador desde que puso en marcha en febrero la investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP.

A instancias de varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, Garzón decidió incoar en el 2008 un proceso contra los responsables de la desaparición de miles de personas durante la dictadura de Franco. Su decisión solo fue bien acogida en algunos círculos progresistas y fue duramente respondida por sectores afines a la ultraderecha.

La instrucción de Garzón dio lugar, además, a un enconado debate jurídico en el que la fiscalía se empleó a fondo para cerrar la causa. Los fiscales alegaron que Garzón no podía investigar estos hechos porque los autores habían fallecido y porque la ley de amnistía impedía perseguir a los que siguieran vivos. La sala de lo penal de la Audiencia dio la razón a los fiscales y Garzón se declaró incompetente para perseguir estos hechos.

LOS PRECEDENTES A partir de ese momento, la suerte estaba echada. El sindicato ultraderechista acudió al Supremo. Primero denunció al juez, pero desde el alto tribunal le explicaron que debía presentar una querella. La demanda fue admitida a trámite en mayo por una sala compuesta por cinco jueces, entre ellos el ponente Adolfo Prego, firmante de un manifiesto contra la memoria histórica. El magistrado Luciano Varela fue nombrado instructor y hoy será el encargado de interrogar a Garzón. Varela ya pidió, sin éxito, al Consejo General del Poder Judicial que sancionara al juez de la Audiencia por el dinero que cobró durante su estancia de estudios en Nueva York en el 2005 y 2006.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró ayer que Garzón "es un juez decente" y recordó que tiene "una trayectoria bien conocida" en un destino "duro" como es la Audiencia Nacional. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó distancias: "El PP respeta las decisiones judiciales y considera que cualquier español debe ser igual ante la ley y comparecer en condiciones de igualdad ante los tribunales".