El juez Baltasar Garzón volvió a actuar ayer contra la corrupción en tres municipios, en esta ocasión, catalanes: Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. El magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, de otros dos altos cargos del ayuntamiento socialista, y de los destacados dirigentes de Convergència i Unió y colaboradores de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Los seis, junto a dos empresarios de la construcción también arrestados por la Guardia Civil, están acusados de formar parte de una trama organizada de corrupción que en los últimos años, presuntamente, cobró comisiones, evadió capitales a paraísos fiscales, y aprovechó la función pública en beneficio particular.

Las detenciones convulsionaron a la clase política catalana que reaccionó con cautela ante la operación aunque la dirección de los socialistas ya anunció al mediodía, ni dos horas después del arresto del alcalde de una de sus ciudades más importantes, que suspendería de militancia a Muñoz y a sus colaboradores, si el juez les imputa algún cargo tras declarar el próximo viernes en la Audiencia Nacional. En CDC, se apeló a la presunción de inocencia de "todos" los detenidos y se recordó que tanto Alavedra como Prenafeta llevan mucho tiempo apartados de los puestos de responsabilidad de la formación nacionalista.

REGISTROS Las ocho detenciones se realizaron de forma coordinada, a la misma hora, las diez de la mañana. El alcalde de Santa Coloma fue arrestado en su casa de Sarrià de Barcelona, donde acudió su abogado, Fermín Morales, mientras se realizaba un minucioso registro que a partir de las cuatro de la tarde se trasladó a su despacho en el ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, fueron arrestados en el consistorio, donde irrumpió la Guardia Civil, que desalojó las instancias municipales y custodió la entrada durante todo el día.

Santa Coloma es el principal escenario de esta trama de corrupción, que cuenta con otros dos municipios implicados, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, a cuyos alcaldes el juez Garzón solicitó únicamente documentación vinculada con dos convenios urbanísticos. En Llavaneres, el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha desempolvado dos viejas denuncias archivas que el colectivo SOS Llavaneres presentó por la recalificación de la finca conocida como Can Riviere en la época en que Víctor Ros, del PP, era alcalde, informa Fede Cedó. Y en Badalona la documentación solicitada al alcalde socialista Jordi Serra está relacionada con unos terrenos vinculados a la ampliación del puerto.

Anoche, en algunos círculos judiciales se definía la trama investigada como una "pequeña Gürtel a la catalana". Lo cierto es que de una misma investigación, iniciada en mayo del 2000, se produjeron en noviembre del 2005 dos registros al unísono en dos despachos de abogados: Luis de Miguel en Madrid y Petrus en Barcelona. De la documentación del primer registro partió el caso Gürtel, y de la intervenida en Barcelona, los nombres de los implicados en la bautizada ahora como operación Petronia.

EL CEREBRO Los investigadores sostienen que el exdiputado socialista Luis García sería el presunto cerebro de la trama. No es la primera vez que García, definido por algunas fuentes como "el Correa de esta red", se ve involucrado en un escándalo. A finales de los 90 estuvo imputado en una estafa en obras públicas, archivada en el 2001.

Los otros dos detenidos, el presidente de Proinsa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluis Casamitjana, serían las otras dos columnas de este entramado puesto ahora al descubierto en una investigación coordinada por el fiscal Pastor.

García estableció una "red de tráfico de influencias" en los consistorios investigados en los que conseguía adjudicaciones de terrenos a sociedades "pantalla" por un precio determinado que se elevaba después de que dichos terrenos fueran recalificados y vendidos a constructores. Por estas operaciones se cobraban comisiones. Fuentes de la investigación han confirmado que Alavedra y Prenafeta actuaban como comisionistas de la red.

Los implicados en esta trama trabajaban con "grandes márgenes" de beneficios que, según las fuentes, podrían superar los 20 millones de euros, aunque aún no se ha podido determinar el montante. Por ejemplo, los investigadores buscan 13 millones que tenía que haber recibido el ayuntamiento colomense y que no están en las arcas.