El juez Baltasar Garzón ha dicho en referencia al "caso Gürtel" que está "fuera de todo lugar que se trate de aprovechar por algunos la cuestión de las observaciones de las comunicaciones en prisión para sacar partido en el caso principal" cuando sostiene que "no hay ninguna relación". En declaraciones a los periodistas en Málaga antes de dar una conferencia sobre derechos humanos y jurisdicción universal, ha dicho que "no hay ninguna diligencia que se practicara en ese procedimiento partiendo de esas observaciones" y que "no hubo ninguna actuación policial basada en la misma", lo que entiende que quedará "claro". Sobre si cosas así mejorarían con un cambio legislativo, ha dicho que se trata de un "viejo" asunto en España, que ya hubo sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que "la medida fue absolutamente proporcional" dirigida "a quienes tenían una presunta responsabilidad claramente establecida y con carácter anterior". El Tribunal Supremo ordenó ayer la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, al ordenar la grabación de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados. El magistrado ha declarado estar "muy tranquilo" al entender que adoptó "todas las medidas necesarias para hacer compatibles los dos derechos fundamentales que había en juego", el de la obligación de investigar y proteger a la sociedad de "hechos criminales muy graves" y el de proteger el derecho de defensa. Ha añadido que todo esto "quedó perfectamente nítido y claro, como lo hizo también el juez siguiente", aunque la Sala Civil y Penal consideró que no era suficiente y se declaró la nulidad. Sin embargo, Garzón ha advertido de que "de ahí a considerar que hay una intención, una mala fe en tomar esas decisiones y considerarlo como delito, hay una distancia absolutamente insalvable". Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició ayer los trámites para decidir si suspende cautelarmente de funciones de nuevo a Baltasar Garzón tras abrirle el Tribunal Supremo juicio oral por ordenar las escuchas del "caso Gürtel". Garzón ha considerado esto "un trámite normal; una vez se abre juicio oral, el Tribunal Supremo tiene obligación de trasladarlo al Consejo y el Consejo inicia el expediente, que también es lo normal". Al respecto, ha comentado que "se ha producido en el momento en que tenía que producirse" y que "no sucedió igual en el caso del franquismo que con el primer auto de imputación se dio traslado al Consejo". "La suspensión no tiene mucho sentido habida cuenta que ya estoy suspendido si no es porque sea una especie de suspensión a prevención", ha resaltado el magistrado. Ha insistido en su deseo de que cuanto antes se resuelvan los recursos pendientes ante la Sala II del Supremo y que, si no prosperan, se celebre juicio cuanto antes "para poder presentar todas las pruebas que hasta este momento han sido denegadas". También ha reiterado su desacuerdo con lo sucedido al afirmar que "no hay argumentos suficientes para proceder por prevaricación contra un juez por interpretar la ley y las normas de una forma admisible en Derecho, defendible y dentro de unos parámetros de normalidad".