La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado hoy incoar un expediente disciplinario al juez Baltasar Garzón por una falta leve de incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, en relación con la puesta en libertad de dos narcotraficantes turcos. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el expediente será instruido por el presidente de la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal, José Luis López Muñiz.
Este magistrado, que además es el más antiguo de esta sala, será el encargado de proponer si el asunto debe archivarse o qué sanción se le impone a Garzón, que puede ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.
La sala de gobierno ha adoptado esta decisión a instancias del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 18 de diciembre remitió esta propuesta a la Audiencia Nacional ya que, al tratarse de una falta leve, la competencia para decidir al respecto no le correspondía al órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ acordó el pasado octubre abrir una investigación tras recibir una queja contra Garzón del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que acusaba al juez de negligencia ya que había dejado en libertad por error a los dos presuntos narcotraficantes turcos el pasado julio, al prorrogar fuera de plazo legal su prisión preventiva.
La Inspección del CGPJ reclamó que se abriera expediente disciplinario al juez por la posible comisión de una falta leve del artículo 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referido al incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución pero la comisión disciplinaria lo remitió a la Audiencia Nacional.
Garzón reconoció en el informe que envió al CGPJ que todo se debe a un error en la identificación de los días de detención y prisión de los dos procesados, Erdem Vardar y Sahin Eren, en las carpetillas que inician las piezas de situación de ambos. Por ello, la comparecencia para resolver sobre la prórroga de la prisión fue celebrada el 14 de julio, cuatro días fuera de plazo, y tuvo que dejarlos en libertad.
Alegó además que los máximos responsables de la organización continúan en la cárcel y que Vardar y Eren "eran simples porteadores" y comparecieron el pasado 30 de septiembre para poner de manifiesto su voluntad de someterse a la acción de la Justicia. También dejó de manifiesto que en ningún momento por el fiscal, que "estaba en el mismo error", se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo.
El servicio de inspección del Poder Judicial señalaba en su propuesta, que ahora hace suya la sala de gobierno, que todo juez está obligado a adoptar una "extrema diligencia en el cómputo del tiempo de prisión, máxime cuando esta privación es de carácter provisional, ya que se ha privado a un ciudadano de un derecho fundamental".
Concluía así que si esa forma de actuar hubiese sido la que se hubiese llevado a cabo no se habría mantenido el citado error, aunque considera que debe tenerse en cuenta "la ausencia de intencionalidad en la conducta" y "el que no haya existido perjuicio alguno".
