Baltasar Garzón imputó ayer al presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Mirena Beriziartua, y a sus correligionarios Alazne Arocena y Antxón Gómez por los delitos de colaboración con ETA y asociación ilícita. Esta acusación es un paso indispensable para que el juez pueda acordar la suspensión de actividades del partido, tal como le solicitó la fiscalía. Fuentes jurídicas e incluso personas cercanas a ANV daban ayer por hecho que Garzón adoptará esta decisión antes de que finalice la semana.

El juez argumenta en un auto que los tres imputados "han dispuesto de fondos a favor de Batasuna". De hecho, los informes policiales entregados a Garzón en enero establecen que dos de ellos son apoderados y que ANV y EHAK sostuvieron económica y políticamente a la fuerza ilegal. El juez les imputó tras escuchar a las partes. De hecho, uno de los razonamientos que el abogado de ANV, Iñigo Iruin, expuso contra la paralización del partido fue que esta medida no se puede adoptar sin que antes no se haya imputado a ningún miembro.

Además, Iruin argumentó que ANV no financió a Batasuna porque no está acreditado que el dinero de las cuentas de los dirigentes de esta última proceda de ANV. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que llevaban una tesorería común. Con todo, según la fiscal Dolores Delgado, es más importante la vinculación política entre ANV y Batasuna que la financiera, ya que la primera "cogió el testigo" de la segunda tras la tregua hasta el punto de justificar los atentados de ETA.

VOTO NULO O BLANCO Además, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que la izquierda aberzale no activado en los últimos días ninguna "sigla durmiente" y, por tanto, ante la eventual ilegalización de ANV y EHAK, pronosticó que Batasuna pedirá el voto nulo o en blanco el 9-M, como ya ha adelantado alguno de sus líderes.