El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón denunció ayer haber recibido "un trato vejatorio" por parte de las autoridades de una cárcel mexicana, que le pusieron todo tipo de trabas hasta que desistió de estar en el interrogatorio de seis presuntos etarras detenidos hace medio año y sujetos a un proceso de extradición a Madrid.
El magistrado regresó a España quejoso de "la situación vejatoria, el tono desabrido y el trato personal absolutamente displicente" que le dispensaron los funcionarios del centro penitenciario Reclusorio Norte, cuya directora, Marcela Briseño, se negó a permitirle la entrada. De nada sirvieron la indignación del magistrado ni los intentos de la Procuraduría General de la República (la fiscalía federal, que depende del Gobierno de Vicente Fox y no del Poder Judicial) de allanarle el camino.
EL PROTOCOLO Las autoridades de la cárcel no cedieron a las presiones gubernamentales. Ayer, el alcalde de la ciudad de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, apoyó su actuación y explicó a la prensa por qué se había prohibido a Garzón y al fiscal español de la Audiencia Nacional Enrique Molina Benito asistir al interrogatorio. "Es una cuestión de cumplir las leyes. La forma de llevar a cabo estas diligencias está establecida en el código de procedimientos penales, y se actuó conforme a dicho procedimiento", dijo López Obrador.
Garzón explicó su visión de los hechos al diario mexicano La Jornada en una carta en la que desplegó toda su indignación y acusó a un sector de la prensa mexicana de haber "manipulado" la información y de presentar a ETA "como un paladín de la libertad y la dignidad".
Según Garzón, Molina y él abandonaron voluntariamente la prisión porque los vigilantes los cachearon, registraron sus pertenencias e insistían en ponerles un sello con un número de identificación en el antebrazo. "Espero y deseo que este incidente sea sólo una manifestación aislada y que no marque una trayectoria permanente", señaló el juez en la misiva.
Lo cierto es que tanto la prensa como diversos juristas habían expresado su rechazo a la intervención de Garzón, que consideraban una "injerencia en la soberanía mexicana". El diario La Jornada, dedicó ya el viernes su editorial a atacar a Garzón y al Gobierno español por los "abusos y violaciones que cometen con el pretexto de combatir a ETA". Ayer remató con otro titulado "Garzón: arrogancia confirmada", en el que contesta la carta del juez y le acusa de tener "actitudes más propias de un corregidor colonial que de un moderno investigador judicial".
