El juez Baltasar Garzón ha pedido a su colega argentino Rodolfo Canicoba que mantenga en prisión a los 40 militares implicados en los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) y que inicie contra ellos un procedimiento judicial por los hechos que han dado lugar a su detención. El juez argentino dijo ayer que esa petición "no tiene efectos jurídicos".
Garzón ha tomado esta decisión después de que el Gobierno español haya suspendido la extradición de esos militares, en la confianza de que puedan ser juzgados en su país una vez han sido anuladas por el Parlamento argentino las leyes de obediencia debida y de punto final. Esta anulación aún debe ser confirmada por la Corte Suprema. Canicoba anunció el viernes que liberará a los detenidos el martes.
El juez español insta la apertura de un proceso contra los oficiales que evite "que se sustraigan a la acción de la justicia" y queden impunes "delitos tan graves como el genocidio, la tortura y el terrorismo".
