Los nueve detenidos en la operación Pretoria, desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística, han llegado esposados a las 7.30 horas a la Audiencia Nacional, donde declaran ante el juez Baltasar Garzón desde las 10.15 horas. El empresario Manuel Carrillo ha sido el primero en pasar al despacho de Garzón para prestar declaración.
La orden que ha establecido el magistrado para las declaraciones seguirá con el exdiputado del PSC, Luis García, seguidamente Macià Alaverda y Lluis Prenafeta, exconseller de Economía y exsecretario de Presidència de los gobiernos de CiU. Durante la mañana también declarará al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. Los otros cuatro detenidos se espera que declaren después del descanso del mediodía.
Los detenidos han llegado pasadas las siete y media de la mañana, después de haber cubierto los 40 kilòmetres de distancia que hay entre la prisión de Soto del Real y la Audiencia Nacional.
Bolsas de basura de color azul
Han recorrido el camino en un solo autobús de la Guardia Civil y no con las dos furgonetas con las que salieron desde Sant Andreu de la Barca. A los detenidos se les ha podido ver visiblemente cansados y esposados.
Al llegar a la Audiencia Nacional, los agentes han descargado sus pertenencias en bolsas de basura azul marino y atadas con precinto marrón.
Los arrestados fueron trasladados ayer a Madrid, tras pasar dos noches en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en la localidad de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).
Comparecencia ante el juez
Ante el juez Garzón van a comparecer el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el exconseller Macià Alavedra y el exsecretario general de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta.
También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el exdiputado del Parlament y exmilitante del PSC Luis García Sáez.
Junto a ellos también estarán presentes tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
Adjudicaciones irregulares
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos.
Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
El caso BBVA-Privanza
La operación parte del denominado caso BBVA-Privanza, que Garzón instruyó en el 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey.La investigación se archivó parcialmente y se retiró la imputación a 19 exconsejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones. En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como cerebro y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.
