Garzón investiga a los cargos que Correa sobornó en Madrid y Valencia

El juez explica que Correa creó un "grupo organizado de personas y empresas" para ocultar los fondos que captó de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. El jefe de esta trama pagó a funcionarios y autoridades para "obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". Estos cargos recibieron "dádivas y sobornos" como "regalos, presentes y cantidades de dinero" para que movieran "voluntades" de los que tenían responsabilidades "en las áreas que coincidían con los intereses" de la red.

Además, los sobornos buscaban "un provecho económico" para Correa y paralizar "los procedimientos sancionadores que afectaban" a su patrimonio. Asimismo, la trama recurría al pago en especie de objetos y enseres "en distintas localidades españolas", según el juez.

LAS PRUEBAS Por ello, Garzón afirma que cuenta con indicios suficientes de que "los imputados, en unión de otros" han creado "un conglomerado de empresas "para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", después de sobornar a cargos públicos y funcionarios. También adelanta que esta fase de la investigación "no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar" y prevé que habrá más imputados.

La organización comenzó a operar "como mínimo hace 10 años" y ha utilizado un conglomerado de 23 empresas. Las sociedades --según la versión de Garzón-- son de inversión especulativa y buscaban la rentabilidad en operaciones inmobiliarias. Contaban, a su vez, con una estructura internacional que disponía de empresas en Holanda y Gran Bretaña que ocultaban los fondos en paraísos fiscales. Además, Correa dirigía empresas de gestión que prestaban apoyo al resto de sociedades de "carácter administrativo" o de "organización de viajes".

Para dirigir este entramado en España, el presunto jefe de esta red colocó a Crespo, exsecretario de organización del PP en Pontevedra. Mientras, él se ocupaba de ampliar su mercado con negocios en China, Azerbaiyán y Miami. Además, Crespo dirigía las empresas de eventos, recibía las ofertas de proyectos económicos, concertaba las reuniones preparatorias, organizaba las reuniones de otros miembros del grupo y supervisaba la gestión financiera. Asimismo, gestionaba el patrimonio personal de Correa y diseñaba la estrategia de ocultación de los fondos. Por ello, usaba como canal de blanqueo de capitales el envío de transferencias a Suiza.

La organización había alcanzado tal nivel que disponía de "un piso de seguridad" en el que guardaban "documentos sensibles" que habían sacado de la sede de Special Events --la empresa que organizó la mayoría de eventos durante la era Aznar--.

EL QUE CEDIA EL NOMBRE Crespo trasladó dinero en efectivo y creó empresas para dar cobertura a sus actuaciones, y realizó gestiones para obtener la residencia de Correa en Panamá. El primo de Correa, Antoine Sánchez, ha sido la "pieza clave" para ocultar el entramado: Correa pagó todos sus gastos de "teléfono, viajes, estancias en hoteles, manutenciones", le ha hecho regalos y le ha ofrecido hacerse cargo de algún negocio como actividades turísticas en Colombia o fibra óptica en Cuba a cambio de ceder su nombre.

El magistrado confirma que la operación se precipitó para evitar la fuga de Correa, que tenía previsto salir de España. Crespo ordenó a otros miembros de la red que "guardaran las cosas, escondieran otras y restringieran las llamadas telefónicas". Por ese motivo, la policía solicitó al juez los arrestos porque la organización "estaba en proceso de hacer desaparecer y ocultar información sensible". Correa podía huir a Panamá y Sánchez, a Senegal.

El magistrado imputa a Correa y Crespo blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad, múltiples cohechos, asociación ilícita y tráfico de influencias. Y a Sánchez, blanqueo y varios delitos de falsedad.