Baltasar Garzón conoció ayer en el Tribunal Penal de la Haya la decisión de su colega del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiros de sentarle en el banquillo por haber ordenado las escuchas del caso Gürtel. El juez suspendido de sus funciones desde mayo pasado estaba preparado para afrontar su segundo juicio, ya que el Supremo ha confirmado su intención de enjuiciarle por haber investigado los crímenes del franquismo.
La instrucción del caso Gurtel queda en el aire por esta decisión del Supremo de dar la razón al abogado de Ignacio Pélaez, uno de los imputados en la trama de corrupción vinculada al PP, que se querelló contra Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales. El magistrado Barreiro apoya al defensor y aprovecha su resolución para realizar un encendido alegato sobre el derecho de defensa. En su opinión, cuando Garzón autorizó la grabación de las conversaciones de los dirigentes de la trama corrupta con sus letrados "laminó el derecho fundamental de defensa" y "lesionó uno de los principios básicos del sistema procesal penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho".
LAS CONSECUENCIAS También "implantó la desconfianza" en las relaciones entre abogados y clientes y vulneró el secreto profesional de aquellos. Asimismo, según el juez del alto tribunal, torpedeó el derecho de los imputados a no declarar contra sí mismos, ya que Garzón conoció la estrategia de la defensa.
