El juez Baltasar Garzón dictó ayer el ingreso en prisión de los piratas detenidos en aguas del Indico tras haber participado en el secuestro del barco español Alakrana el viernes pasado. El magistrado ha ordenado a la comisaría general de información que asuma la investigación judicial en coordinación con las Fuerzas Armadas. Mientras, el Gobierno y el PP continuaron con su cruce de acusaciones.

El juez relata la secuencia de los hechos que comenzaron el 2 de octubre a las 07.52 horas cuando "un número indeterminado" de personas armadas secuestraron y apresaron el barco y pusieron rumbo a las costas somalís. En el pesquero faenaban 36 tripulantes, de los que 16 son españoles. Un día después, dos infantes de la Marina de la fragata Canarias detuvieron a dos de los corsarios e hirieron de un disparo a uno de ellos. Los detenidos han sido identificados como Abdu Willy y Raageggesey.

Defensa comunicó el arresto a la Audiencia Nacional el domingo y Garzón abrió un proceso penal. El magistrado imputa a los piratas un delito de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal, uno de robo con violencia y otro de uso de armas. Además, adelanta que los bucaneros pueden formar parte de un grupo armado "diferente al de mero grupo organizado para la ejecución de secuestros".

Por ello, ordena su prisión provisional "con el único fin de cubrir las 72 horas que son el plazo legal de detención". Y justifica su decisión por "la suma gravedad" de los hechos y porque es "la única coherente, lógica e indispensable para asegurar no solo a las personas, sino el objeto de la causa".

Asimismo, defiende la competencia de la Audiencia Nacional porque el secuestro se ha producido en aguas internacionales que no están bajo la zona de seguridad de la operación Atalanta en la que participan nueve países de la Unión Europea y, por tanto, no se puede aplicar el convenio que obliga a entregar a los piratas apresados a Kenia.

También ordena a los militares el traslado "urgente" de los secuestradores a España. Garzón encarga además la investigación a la comisaría general de información para que confeccionen "los correspondientes atestados e informes, declaraciones y todos los demás aspectos relevantes para la investigación". La policía deberá actuar en coordinación con las Fuerzas Armadas que conservan su mando en plaza para tomar las decisiones que ayuden a resolver este secuestro.

LAS DIFICULTADES El jefe de mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el general Jaime Domínguez Buj, afirmó ayer que se "hará todo lo posible" para que los detenidos lleguen a España "lo antes posible", aunque advirtió de que la operación es muy compleja.