Cambio de criterio. El juez Baltasar Garzón permitió ayer la reunión que hoy celebrarán el PSE y Batasuna para favorecer el proceso de paz. En ese encuentro, el dirigente socialista Patxi López intentará persuadir a Arnaldo Otegi de que acepte la ley de partidos. Para el juez, no se puede prohibir una reunión que busca el fin de la violencia.

El magistrado aprovecha la resolución para marcar diferencias con su antecesor, Fernando Grande-Marlaska. Este, durante el año y medio que estuvo al frente del juzgado, acosó sin tregua a Batasuna y a los miembros de ese partido tras prorrogar en enero la suspensión de actividades de la ilegalizada formación.

LOS LIMITES El magistrado recuerda que fue él quien inició la persecución de esa formación, en el 2002, un año antes de que se aprobara la ley de partidos. También que entonces la suspensión de actividades quería impedir la continuidad de la actividad de Batasuna como instrumento de la banda terrorista.

Sin embargo, para el juez "no se puede prohibir" a la formación ilegalizada y a sus miembros "hablar o exponer ideas que, a priori, no se sabe si tendrán contenido delictivo o no". Garzón recuerda que la suspensión de actividades de Batasuna es provisional. Y que la cita del PSE con Batasuna debe enmarcarse en el proceso de paz.

De lo contrario --afirma-- "no sería posible que se realizara ningún tipo de diálogo con ninguna persona que hubiera cometido un hecho delictivo". El juez da un paso más y avanza que, a su juicio, tampoco es delictivo reunirse con miembros de ETA porque "no puede hacerse de peor condición a Batasuna" que a la propia banda terrorista.

En cuanto a las críticas políticas, fundamentalmente del PP, en contra de ese encuentro, Garzón explica que la intención de la asociación Dignidad y Justicia --al pedir la prohibición del acto-- "desembocaría en una resolución de contenido político".

Por ello, subraya que la acción judicial "debe contraerse a la persecución, averiguación y sanción de los delitos cometidos, pero no debe ir más allá, imaginando contenidos que no se han producido o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder o no suceder". Para el juez, buscar lo contrario "desnaturalizaría cualquier acción del juez como parte integrante del poder judicial y quebrantaría el equilibrio y respeto" por la división de poderes en la democracia.

CONTROLADOR Además, Garzón recuerda que el encuentro ha sido convocado por el PSE, "un partido legal y sin ninguna limitación diferente a la establecida por la ley para cualquier ciudadano". Por ello, asegura que si la justicia decidiera actuar antes del encuentro "con carácter preventivo", el juez "se convertiría en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático, acción que sería ilegal al exceder sus facultades jurisdiccionales".

No obstante, el juez advierte a los participantes al encuentro de que no todo vale. Por ello, les informa de que ha pedido un dictamen a la policía para valorar, "a posteriori", si la cita ha tenido otros fines de contenido delictivo. Así actuó cuando Batasuna presentó en noviembre del 2004 su propuesta de Anoeta. Garzón permitió el acto, pero luego inició acciones legales que sentarán en el banquillo a Otegi por enaltecimiento al terrorismo.

La policía recoge en su dictamen las intenciones de López: intentar persuadir a Batasuna para que se aleje de la violencia y acepte las reglas del juego democrático. Por ello, el fiscal considera que esa reunión no "se realiza para humillar a las víctimas", como sostiene el PP y las diferentes asociaciones de víctimas alineadas con ese partido.