El juez Baltasar Garzón pidió ayer a la policía y a la Ertzaintza un informe sobre la reunión que va a celebrar el próximo jueves el secretario general del PSE, Patxi López, con dirigentes de Batasuna. Tras ese dictamen, el magistrado decidirá si autoriza o prohíbe el encuentro.

La decisión del juez --que se incorporó a su despacho el viernes-- fue tomada después de que la asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA, le pidiese que prohibiese el acto.

APLAZAMIENTO El juez acordó entonces pedir información a la policía y a la Ertzaintza sobre el promotor del encuentro y las circunstancias que motivan la reunión. La cita se celebrará el jueves tras ser anulada la de ayer por el trágico accidente de metro ocurrido en Valencia el pasado lunes.

A la reunión acudirán por parte del PSE Patxi López y Rodolfo Ares. Batasuna no ha querido concretar el nombre de los asistentes, aunque se da por segura la presencia de Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarría, y de otras personas. Tras la reunión, López tiene previsto informar del contenido del encuentro.

Garzón, tras recibir la denuncia, comunicó al fiscal que había solicitado ese dictamen a la policía. El ministerio público apoyó sin reservas esa decisión, pero solicitó al juez que la asociación de Portero presente formalmente la denuncia en el juzgado antes de tomar una decisión, ya que ayer entregó una copia.

El magistrado acordará hoy si autoriza o prohíbe el encuentro después de recibir el informe de la policía. El juez Fernando Grande-Marlaska, que ha sustituido a Garzón durante año y medio, prorrogó el pasado mes de enero la suspensión de actividades de Batasuna. Desde entonces ha impedido la presencia de Otegi y de los otros miembros de Batasuna en los actos que ha convocado. Además, amplió la fianza de Otegi de 400.000 euros a 600.000 por convocar un acto político, que no se celebró, pero que fue precedido de varios incidentes.

Fuentes socialistas han explicado que el socialista Patxi López intentará persuadir a Batasuna para que vuelva a la legalidad. Para ello deberá acatar la ley de partidos y buscar un nuevo nombre. Por su parte, la formación ilegalizada quiere que el PSE se implique para que se forme cuanto antes la mesa de partidos.