El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió ayer un escrito a la Fiscalía General del Estado para que decida si debe actuar penalmente contra los miembros de la Mesa del Parlamento vasco que, en septiembre, se negaron a cumplir su orden de disolver el grupo de Batasuna. Entre ellos figura el presidente de la Cámara, el peneuvista Juan María Atutxa.
El auto judicial de Garzón de finales del pasado agosto que ordenaba la suspensión cautelar de actividades de Batasuna incluía la disolución de sus grupos parlamentarios y los de los ayuntamientos y juntas generales. El Parlamento de Navarra disolvió el grupo de Batasuna. No actuó así la Cámara de Euskadi. Esta consideró que el juez invadía la autonomía parlamentaria.
El juez ya había pedido semanas atrás la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, pero éste optó por delegar la decisión en el fiscal general, Jesús Cardenal. Si éste considerara, como es probable, que se trata de un presunto caso de desobediencia, y no de colaboración de banda armada, el caso pasaría a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al tratarse de aforados.
TRES CONTRA DOS
En septiembre, el ministro de Justicia, José María Michavila, animó a Cardenal a actuar contra tres de los cinco miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria que votaron contra la disolución del grupo parlamentario: el ya citado Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Contxi Bilbao (IU). Los dos restantes, miembros del PP y del PSE, votaron a favor.
El delito de desobediencia grave a resoluciones judiciales está penado con multa e inhabilitación. El artículo 410 del Código Penal dice que "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...) incurrirán en la pena de multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Y el artículo 118 de la Constitución señala que es obligatorio "cumplir sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
Garzón esperó a que la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional confirmara la suspensión de actividades de Batasuna por su vinculación con ETA para pedir el primer informe al fiscal Molina.
OTROS CASOS
La decisión que se adopte en este caso podría extenderse a la actuación de las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya, gobernadas por los nacionalistas, puesto que también se negaron a disolver los grupos de Batasuna. Las de Alava, gobernadas por el PP, sí cumplieron el auto de Garzón.
La Fiscalía, por otra parte, ha presentado un informe a la sala del Tribunal Supremo encargada del proceso de ilegalización de Batasuna, en el que se opone a la recusación planteada por ese partido contra la magistrada Milagros Calvo, a quien reprochaban tener interés directo o indirecto en la causa por haber participado en una rueda de prensa en la que se apoyó el inicio del procedimiento de ilegalización.
En los próximos días la Fiscalía presentará informes también contrarios a las recusaciones formuladas contra el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, y el presidente de la sala tercera, Angel Rodríguez García. La Sala decidirá el martes si acepta o no las recusaciones.
