El juez Baltasar Garzón procesó ayer a 24 personas por haber formado parte de una red de cobro del chantaje terrorista de ETA que actuó desde el 2001 hasta el 2006. Entre ellos, el magistrado actúa contra seis exdirectivos de la empresa Azkoyen que pagaron 223.374 euros (37 millones de pesetas) a la banda terrorista en el 2001 por no haber denunciado la extorsión de que fueron objeto.

El magistrado concluye así la investigación que inició en el 2000 contra el aparato Gezi de ETA, que coordinaba el cobro del chantaje a empresarios vascos y navarros. Este aparato dependía directamente del máximo órgano de dirección de ETA y estaba dirigido por María Soledad Iparragirre, Amboto, detenida en Francia en el 2004.

Los empresarios eran amenazados mediante cartas redactadas en euskera y traducidas al castellano. En estas misivas se fijaba un plazo para hacer efectivo el pago de la extorsión. En el caso de que no atendieran la petición, se les imponían "unos intereses de demora" del 5% de la cantidad reclamada. El proceso de extorsión, según el juez, solía durar entre 24 y 30 meses. Después, pasaban a engrosar las listas de "objetivos militares".

Esta red actuaba en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que regentaba Joseba Elosua. En este local se reunía con miembros de la banda terrorista tras mantener con ellos "conversaciones crípticas o en clave". Además, este procesado recopiló una amplia información económica de empresas y personas y distribuyó cartas de extorsión.

Una de las personas que frecuentaron este local era el exdirigente de relaciones internacionales del PNV Gorka Agirre, que ha quedado apartado de la causa tras las declaraciones realizadas por sus compañeros de partido y otras personas. También han sido excluidas otras 10 personas, entre ellas el hijo de Elosua.

Por contra, el juez procesa a seis exdirectivos de Azkoyen que decidieron pagar a ETA 222.374 euros. Garzón les acusa de un delito de omisión del deber de denunciar. El magistrado no les procesa por colaboración con banda armada porque efectuaron el pago para protegerse.

Sin embargo, entiende que "pudieron facilitar, sin riesgo alguno, la persecución del delito y eventualmente la detención de los culpables". Una situación que Garzón no contempla en el caso de los constructores José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, que pagaron de forma voluntaria 54.000 euros a ETA en el 2006 para un proyecto de paz que "no existía".