Los informes policiales sobre ANV y el EHAK-PCTV solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que servirán de base para su eventual suspensión de actividades e ilegalización, han sido entregados esta mañana en la sede de este tribunal, según han confirmado fuentes de la Fiscalía. Los informes, que ocupan un total de 200 folios y cuentan con seis anexos, recogen las pruebas de la vinculación de ANV con ETA y Batasuna recopilados por la Policía y la Guardia Civil en los últimos meses.
Entre esas pruebas figuran varias relativas a las finanzas del partido abertzale, que supuestamente desvía a Batasuna parte de los ingresos que recibe en virtud de su presencia en las instituciones. El informe también hace referencia a los documentos intervenidos en la operación contra la cúpula de Batasuna desarrollada el pasado mes de octubre en Segura (Guipúzcoa), en los que se constata la dependencia de ANV respecto de la formación ilegalizada.
Así lo constató Garzón recientemente en el auto de prisión de la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo, de la que decía que está a sueldo del PCTV y que es la persona a la que ANV "rinde cuentas". Otro de los indicios que pesan en contra de ANV son las manifestaciones de la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en el acto de presentación de candidaturas de este partido en Pamplona.
Durante su intervención Beitialarrangoitia pidió un aplauso para los dos presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola, detenidos el pasado día 6 y que precisamente comparecen hoy en la Audiencia Nacional para declarar en relación con el atentado contra la T-4 de Barajas.
No condena los atentados
Además ANV no ha condenado ninguno de los atentados de ETA, incluido el cometido por la banda terrorista el pasado 1 de diciembre en Capbreton (Francia) en el que murieron dos guardias civiles. Con los informes policiales incorporados a la causa que sigue Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá previsiblemente en los próximos días al magistrado que dicte la suspensión de actividades de ANV y del EHAK-PCTV.
Posteriormente la Fiscalía y la Abogacía del Estado instarán la ilegalización de estas dos formaciones ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. El pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que los servicios jurídicos del Estado no actuarían hasta conocer la decisión de Garzón.
