El juez Baltasar Garzón ha pedido al Gobierno de José María Aznar que reclame a Argentina la entrega de 26 militares a los que acusa de genocidio, torturas y terrorismo por haber secuestrado a casi 30.000 personas, la mayoría de los cuales fueron asesinados, durante la dictadura militar (1976-1983). En los próximos días, solicitará la entrega de otros 16. La decisión se produce pese a que se ha abierto la puerta a que sean juzgados en Argentina.
Los 44 militares fueron detenidos en Argentina en julio pasado a instancias de Garzón, que cursó su petición tras el cambio político y judicial en ese país y cuyo primer paso ha sido la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida en la Cámara de Diputados de Argentina, pero pendiente del Senado.
CAMBIO DE CRITERIO
Sin embargo, para el juez, esos cambios no impiden que reclame la entrega de los oficiales. "Sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable", no solicitar la extradición, afirma, ya que la reapertura de acciones judiciales en Argentina es por "hechos que parcialmente se investigan aquí".
No obstante, el magistrado dice que, "en cualquier momento posterior", podría variar su criterio si las autoridades argentinas deciden que los procesos "continúen ante las autoridades judiciales" de Argentina. Garzón insiste en que, "en esta fase y en este momento del proceso", no puede renunciar a aplicar la ley y los mandatos de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que en 1999 se declaró competente para investigar estos hechos.
Entre los reclamados figura Alfredo Ignacio Astiz, alias el Cuervo y Angel Rubio , así como los generales Luciano Menéndez y Antonio Bussi y el almirante Armando Lambruschini, miembro de la segunda junta militar. El juez recoge en su petición el auto de procesamiento que dictó contra esos militares en 1999, en el que sostiene que se produjo "un exterminio masivo de ciudadanos" y se impuso un régimen de terror "a través de la muerte, el secuestro, la desaparición forzada de personas, las torturas inferidas con métodos científicos y la apropiación y sustitución de identidad de niños".
CAMPOS DE CONCENTRACION
Ese exterminio, según el juez, se hizo en 340 campos de concentración a los que enviaron a 30.000 personas, de las que 600 eran españoles. El fin, dice Garzón, era construir "una nueva Argentina purificada de la contaminación subversiva y atea".
La petición de extradición ha sido remitida al ministro de Justicia, José María Michavila, que debe presentarla en el Consejo de Ministros, cuya primera reunión será el 29 de este mes. El Gobierno debe actuar como mero intermediario, si bien puede dilatar la demanda como hizo con la del dictador chileno Augusto Pinochet. Si las autoridades argentinas no reciben la solicitud a principios de septiembre, deberán liberar a los detenidos.
