"Amparar a las víctimas del franquismo" o "procesar al juez que admitió a trámite sus denuncias". Este es el reto que Baltasar Garzón lanzó ayer al Supremo en la solicitud que presentó ante el alto tribunal para que archive la querella por prevaricación interpuesta contra él por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
El abogado del magistrado de la Audiencia Nacional, Gonzalo Martínez-Fresneda, defiende que no existió delito cuando su representado decidió investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil y la dictadura. "Solo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia", señala el letrado.
