El juez Baltasar Garzón volverá a declarar ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra él por ordenar las escuchas a los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, Alberto Jorge Barreiro, el próximo lunes. Así lo ha acordado el magistrado Jorge Barreiro tras haberlo solicitado el juez, según avanza hoy el diario Público y han confirmado a Efe fuentes de la defensa de Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y actualmente consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Garzón ya compareció en calidad de imputado ante el instructor el pasado 10 de mayo y negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en el "caso Gürtel" al ordenar intervenir dichas comunicaciones, pero ha reclamado poder volver a testificar para, según las mismas fuentes, "hacer algunas aclaraciones". Baltasar Garzón ya había pedido en otra ocasión volver a declarar, pero Jorge Barreiro le denegó tal petición. En un principio, esa declaración estaba prevista para hoy, pero a instancias del abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, se retrasó al próximo viernes. Garzón pidió que se aplazara esta cita porque el viernes tiene que someterse a unas pruebas médicas y finalmente ha sido citado a las 10.00 horas del próximo lunes. Por otra parte, la defensa de Garzón también ha solicitado que los afectados por las escuchas sean llamados a declarar para que expliquen en qué afectaron éstas a sus derechos fundamentales, pero el instructor ya ha rechazado en una providencia citar al presunto responsable de la trama, Francisco Correa, mientras que aún debe decidir si hace comparecer a su presunto testaferro, Antoine Sánchez. El Supremo investiga a Garzón por este asunto a raíz de una querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del "caso Gürtel". El pasado 10 de mayo Garzón declaró durante cuatro horas ante Jorge Barreiro y aseguró que ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los responsables de la trama "Gürtel" con sus abogados era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban. El instructor cree que existen indicios para juzgar al juez por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por los que la Fiscalía ha pedido la absolución del juez y las acusaciones han reclamado que éste sea inhabilitado hasta 17 años. El abogado Ignacio Peláez solicita 10 años de inhabilitación para el juez, mientras que la defensa de Correa eleva esta cifra a 17 años.