Cada pequeño avance en el camino del diálogo entre el Gobierno del PSOE y el Govern independentista de Quim Torra viene precedido de complicados ejercicios de equilibrismo en ambas partes. Y tras el avance, los desmentidos, los matices y los malentendidos acaban por echar agua al vino una y otra vez. Ayer, después de tres horas de reunión en Madrid entre la vicepresidenta Carmen Calvo, su homólogo Pere Aragonès y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, se emitió una nota breve pero esperanzadora en términos de negociación. Pocos minutos después, una y otra parte hacían interpretaciones distintas y la desconfianza volvía a instalarse en el clima, pero lo cierto es que ambos gobiernos ya se han citado de nuevo para la semana que viene en Barcelona y al diálogo bilateral entre ejecutivos se añadirá próximamente un nuevo canal de comunicación entre partidos.

El contexto inmediato que precedía la cita de ayer no era positivo. Las 16 detenciones de independentistas -entre ellos dos alcaldes- el miércoles sin orden judicial, según el TSJC, habían enrarecido el ambiente. No en vano, dos horas y media antes de iniciarse la reunión en la Moncloa, la Generalitat anunciaba la interposición de una denuncia por detención ilegal contra el Cuerpo Nacional de Policía. Los mensajes del soberanismo más pactista, entre ellos el del diputado del PDECat en el Congreso Carles Campuzano, eran claros: la actuación policial -desproporcionada según el criterio de diversos juristas- perjudicaba las aspiraciones de un acuerdo con el Ejecutivo central para tramitar los Presupuestos del Estado del 2019.

detenciones / Durante todo el miércoles, los mensajes del president Quim Torra -un sobrino del cual estuvo entre los detenidos- y de todos los dirigentes del soberanismo habían sido contundentes. A primera hora de la mañana, en TV-3, el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunciaba una «vulneración flagrante de derechos y libertades» y pedía «perseguir» la actuación judicial. «Hubiera hecho lo mismo», sostuvo respecto al plante de los grupos independentistas a las sesiones parlamentarias.

Así daba inicio la reunión en Madrid, que llegaba 72 horas después de que el expresidente Carles Puigdemont pusiera una condición clara para una posible tramitación de las cuentas del Estado: una mesa de negociación sobre el conflicto catalán con la presencia de algún observador «neutral». Ello, acompañado de una mesa de verificación de las promesas del Presupuesto.

Sin embargo, tras tres horas de reunión, llegaba un comunicado conjunto en el que se habla de mecanismos para vehicular «una propuesta política sobre el futuro de Cataluña» y, para ello, «se valora la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: uno entre gobiernos, a partir de la comisión bilateral Estado-Generalitat, y otro entre partidos, todavía por concretar».

La versión del Gobierno socialista es que la mesa de partidos es la que se inauguró en el Palacio de la Generalitat, a instancias del PSC, con ERC, el PDECat y los comuns. Pero el Ejecutivo catalán no disimuló su enojo por esta interpretación y sostuvo que la mesa de partidos consiste en una plataforma en la que esté el PSOE, independentistas y todos los que quieran estar. Por ejemplo, Podemos. Es más, la formación de Pablo Iglesias podría jugar el papel de intermediario «neutral» que reclamaba Puigdemont.

Albert Rivera,líder de ciudadanos, deploró la reunión en sí misma. Y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, comparó lo que, a su juicio, ha sido la transparencia de los acuerdos con Vox en Andalucía con el «pacto oculto» del Ejecutivo de Sánchez con Cataluña, que sería «una cobardía y una traición a España».