La Generalitat supo en septiembre del 2010 que un maestro de la escuela pública -con plaza de funcionario ganada por oposición en el 2008- había cumplido una pena de prisión por pederastia y por posesión de pornografía infantil cinco años antes. Pero aun a sabiendas de la condena y de los antecedentes que arrastraba el hombre, la Conselleria d'Ensenyament no lo apartó de la docencia hasta seis años después, en febrero del 2016. El pederasta, Agustín Francisco V. C., ha vuelto a ser denunciado este verano por abusar sexualmente de un menor y está siendo investigado por ello por un juzgado de Blanes, como destapó EL PERIÓDICO.
"El problema es que no se podía hacer nada contra él", ha argumentado este martes la 'consellera' de Ensenyament, Meritxell Ruiz, al ser preguntada en la comisión de Educación del Parlament. "Los responsables de la 'conselleria' de aquella época no disponían de herramientas legales para actuar contra esa persona", ha justificado Ruiz, que no ha aclarado las razones por las que ni siquiera se informó de los hechos al colegio Joan Abelló de Mollet del Vallès, donde trabajaba el hombre cuando Ensenyament conoció sus antecedentes penales.
La sentencia que condenó al pederasta "no lo inhabilitó ni para ejercer la docencia ni para optar a un puesto de funcionario", ha subrayado la secretaria general de Ensenyament, Maria Jesús Mier. El juez de Zaragoza que lo mandó a prisión durante dos años (la primera parte de la condena la cumplió en una prisión aragonesa y luego fue trasladado a la Modelo de Barcelona) solo le retiró la potestad para ejercer el derecho al voto y decretó una orden de alejamiento de su víctima y de la familia de este durante un periodo de cinco años. "No deja de ser paradójico que se le prohibiera votar, pero no volver a trabajar con niños", ha comentado con sorpresa Mier.
LA ESCUELA DE PALLEJÀ
La revelación ha originado un pequeño rifirrafe cuando la diputada del PSC, Alícia Romero, ha mostrado su perplejidad ante el hecho de que se mantuviera a un pederasta dando clases durante seis años. "¿Y no podía Ensenyament desobedecer, ustedes que tanto llaman a la desobediencia en otras cosas?", ha lanzado Romero. "En todo caso, quienes tendrían que haberlo hecho debían de ser los responsables del Govern tripartito, que fueron los que supieron de la condena", ha replicado la 'consellera' Ruiz, sin mencionar, no obstante, que solo tres meses después la cartera pasó a manos de CiU, que tampoco hizo nada al respecto.
Tampoco supo nada la escuela pública Àngel Guimerà de Pallejà (Baix Llobregat), donde el docente fue maestro de primaria entre el 2008 y el 2010, cuando, según Ensenyament, pidió voluntariamente el traslado. En Pallejà, el hombre fue denunciado por una compañera de trabajo, que le acusó de abusar de su hijo de nueve años. La causa la llevó un juzgado de Sant Feliu de Llobregat, que incluso decretó medidas cautelares, como una orden de alejamiento, pero que acabó archivándola.
OTROS DOS CASOS
Ha sido este 2016, con la entrada en vigor de la reforma de la ley del menor que obliga a quienes trabajan en contacto directo con niños a acreditar que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales, cuando Ensenyament ha podido por fin apartar al pederasta Agustín Francisco V.C. de las aulas y del contacto con menores de edad y asignarle trabajos de oficina en el Consorci d'Educació de Barcelona.
Lo mismo ha hecho la 'conselleria' con otros dos docentes, también condenados previamente por delitos sexuales. "Son tres casos entre los más de 90.000 profesionales que trabajan en Ensenyament", ha tratado de tranquilizar la secretaria general.
