Vuelco en la investigación del caso Gürtel. Arturo Gianfranco Fasana, más conocido como Fafa y gestor del patrimonio de Francisco Correa en el extranjero, colaboró ayer "estrechamente" con la justicia durante su declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que lo dejó en libertad pero le imputó seis delitos. Además, ayer también se presentó otro encargado de mover el dinero de la trama corrupta.

Fafa fue detenido el miércoles en el aeropuerto de Barajas (Madrid). Fuentes jurídicas han informado que es uno de los gestores de patrimonios más importantes en Suiza, ya que administra cerca de 2.000 millones de euros. Comenzó su actividad profesional en Credit Suisse y después montó su propia sociedad de gestión. También tiene fama de ser muy escrupuloso en su trabajo para evitar que sus clientes le utilicen para blanquear su patrimonio.

BLOQUEO DE CUENTAS Por ello, según estas mismas fuentes, cuando se enteró de la detención de Correa, puso en conocimiento de Credit Suisse que había trabajado con él para que le bloquearan las cuentas. Fafa ratificó y amplió ante el juez su declaración policial. Su colaboración le permitió eludir la adopción de medidas cautelares, pero permanece imputado por asociación ilícita, blanqueo, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y fraude tras declarar durante tres horas y media.

Ayer también declaró el italiano Dante Jacues Canónica, que trabajaba en "un escalón inferior" en la organización contable. Se presentó ante la policía tras enterarse de la detención de Fasana y ayer acudió al TSJM. El magistrado le mantuvo su condición de testigo después de que ratificara la versión que dio a la policía "para el total esclarecimiento de los hechos".

Estas declaraciones pusieron en alerta al resto de imputados. Las fuentes explican que Fafa ha podido facilitar al juez la relación de personas que ayudaban a Correa a nutrir sus cuentas en Suiza. La trama destinaba parte de este dinero a la compra de voluntades de funcionarios y autoridades públicas con el objeto de que les facilitaran adjudicaciones tanto en la Comunidad de Madrid como en la de Valencia.

En la investigación del TSJM están imputados los parlamentarios Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo y otras 60 personas. El primer instructor del caso, Baltasar Garzón, decretó el secreto de las actuaciones. Una medida que aún permanece.