La reforma laboral “completa y de calado”, como la ha calificado la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, permite un abaratamiento de la contratación y también del despido. Se generaliza el contrato indefinido con indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades (hasta ahora de 45 dias por año) y se permite que una empresa pueda acogerse al despido colectivo de sus empleados cuando alegue causas económicas de disminución de ingresos y ventas durante tres trimestres (nueve meses) consecutivos.
Las subvenciones a la contratación permitirán a las empresas de menos de 50 trabajadores tengan una deducción fiscal de 3.000 euros si contrata a un menor de 30 años. Además podrá deducirse fiscalmente el 50% del seguro de desempleo del trabajador que contrate. El parado contratado podrá percibir el 25% de la prestación por desempleo junto a el salario que le fije el empleador.
Las facilidades para el empresario se extienden también a la flexibilidad interna de las empresas. El empresario podrá modificar las condiciones de jornada y salario por razones económicas; se primará el convenio de empresa frente al de sector por lo que una empresa podrá descolgarse del pacto colectivo si no le interesa; el plazo máximo de prórroga de un convenio mientras dura la negociación del nuevo será de dos años.
También se elimina la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE) y se regula el despido para el personal no funcionario que trabaje para las administraciones públicas.
"Trabajos para la ciudadanía"
Además, los parados podrán ser requeridos para realizar “trabajos para la ciudadanía” que, de momento, el Gobierno no ha establecido, por los que no estarán remunerados. Hace unos días, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, apunto esta posibilidad al pedir que haya voluntarios para limpias o atender polideportivos y otras instalaciones municipales ya que la corporación no podía contratar personal por razones del recorte presupuestario.
Por otra parte, el nuevo decreto ley fija que a partir del 1 de enero de 2013 se recuperará el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno precisamente para no aumentar las listas de parados. A finales de marzo o principios de abril, el Gobierno presentará un proyecto de ley de mutuas para que estas se encarguen de controlar el absentismo de los trabajadores. El proyecto desvinculará el absentismo de cada trabajador de la media de las empresas, baremo utilizado hasta ahora.
Rifirrafe con De Guindos
Tanto Saénz de Santamaría como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacaron que la reforma supone “un antes y un después” en la legislación laboral española y evitaron pronunciarse por el tira y afloja mantenido con el ministro de Economía, Luis de Guindos, que la ha calificado de “extremadamente agresiva”.
La ministra de Empleo se reunirá el lunes con los agentes sociales a los que informará del contenido del decreto ley que se espera esté publicado este sábado en el BOE.
