El Consejo de ministros tramitará hoy un decreto ley de protección a titulares de productos financieros como las preferentes, así como y el anteproyecto de ley de Propiedad Intelectual, que pretende fortalecer los instrumentos para luchar contra la piratería en internet.
Este anteproyecto, que estaba previsto que se tramitase inicialmente el viernes pasado, pasará el trámite del Consejo un mes después de que la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual recomendara a España que volviera a la lista de países con problemas para asegurar su protección, de la que salió el año pasado.
La iniciativa del Gobierno, que plantea asimismo medidas para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, tiene la oposición de las entidades de gestión y otros colectivos.
Otra de sus propuestas es que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda "estrangular económicamente" a las páginas web que tengan contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual pidiendo la colaboración a los anunciantes para que retiren la publicidad, así como a las empresas de pago electrónico.
También, la posibilidad de imponer multas cuando estas páginas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos ilegales, sanciones administrativas que oscilarían entre los 30.000 y los 300.000 euros y nunca irían dirigidas contra los usuarios finales de internet.
Tras el trámite de mañana, el Gobierno someterá el texto a la consulta de las comunidades autónomas, se iniciará un período para que los sectores afectados opinen sobre su contenido y, posteriormente, se recabarán informes de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo de Consumidores y Usuarios, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Junto a esta iniciativa, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley de protección a titulares de determinados productos de ahorro en inversión y otras medidas de carácter financiero.
El objetivo es dar protección a los ciudadanos ante la contratación en entidades financieras de productos como las preferentes.
Es previsible que el Consejo de Ministros dé luz verde a la oferta de empleo público para 2013.
A la espera de que se concreten las cifras exactas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció el pasado mes de diciembre que la Administración General del Estado ofrecería casi 1.600 plazas.
Entonces explicó que, además de los refuerzos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, habrá un esfuerzo importante en otros ámbitos en los que hay que mantener e incrementar la calidad, como los órganos encargados de tareas de lucha contra el fraude o representación de España en el exterior.
